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2º Asalto

Pactar es ceder un poco

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Mariano Rajoy sigue sin contar con ningún apoyo a su candidatura tras unas conversaciones en las que se ha confirmado el distanciamiento del PP con el resto de formaciones, a las que no ofrece medidas concretas

Lo intuyó Dámaso Alonso: Madrid es una ciudad de más de un millón de pactistas, pero sin tradición de pactos. Por eso los pactos no salen. Ya fallaron en la pasada legislatura y, si nadie lo remedia, la situación va camino de repetirse, aunque no a petición del distinguido público. El PP tiene claras las cosas: o se acepta que Mariano Rajoy sea presidente o habrá nuevas elecciones. ¿Qué ofrece a cambio? No se sabe. Dijo, eso sí, que debe haber un gobierno estable, pero se olvidó de explicar las acciones que acometería el ejecutivo para el que pide apoyo parlamentario. Sus portavoces hablan de matizar el programa electoral, e incluso de modificar la ley de educación, aprobada durante los años de mayoría absoluta contra todos los demás partidos y movimientos sociales. Pero eso es ofrecer la piel de un oso que no ha cazado y que no tiene medio de cazar: no puede aplicar su programa electoral porque carece de apoyos suficientes y, aunque Rajoy consiga ser presidente del gobierno, este tendrá que asumir las modificaciones que el Parlamento introduzca en las leyes que aprobó en su día en solitario (solo la laboral contó con los diputados de la entonces CiU). Mientras, visto que en la primera repetición el discurso del miedo a la inestabilidad y a Podemos le permitió crecer en número de diputados, Rajoy ha decidido insistir en la estrategia confiando en atemorizar a los que vieron sus fuerzas disminuidas.

Complicado acercamiento

Hay en la Cámara formaciones más afines a la derecha. En primer lugar, Ciudadanos (que el miércoles daba un giro a su estrategia al anunciar su abstención

El discurso exhibido por el PP hace que el acercamiento a los nacionalistas resulte casi imposible

en segunda vuelta), pero también el PNV o el Partit Demòcrata Català (PDC), que agrupa las cenizas de Convergència. Pero los populares han esgrimido el discurso del españolismo recentralizador con tal vehemencia que el acercamiento a ellos resulta imposible en el caso del PDC y muy difícil con los nacionalistas vascos, sobre todo porque en Euskadi habrá elecciones en otoño. Es cierto que el PNV ha sido siempre un partido de orden y que incluso su primera negativa fue educada, pero el acercamiento a cualquier nacionalismo periférico resulta indigesto para Ciudadanos, único partido que ha cuestionado el cupo vasco. Algo que ni siquiera el PP hace porque, como dijo en campaña el filósofo y candidato jeltzale Daniel Innerarity, “no conviene patear un avispero”.

El socio natural

Así las cosas, el probable aliado del PP es Ciudadanos. Sus dirigentes ya han entendido que su misión es encontrar la vía que facilite prestar sus votos al Partido Popular.Albert Rivera ha aprovechado estos días para trabajarse el discurso de modo que donde dijo que nunca permitiría (ni con el voto ni con la abstención) que Mariano Rajoy repitiera como presidente figure que había dicho todo lo contrario, naturalmente, por el bien de España. El problema es conseguir, como pretende, que le ayude el PSOE (aunque sea absteniéndose), de modo que Ciudadanos no quede como único apoyo a un PP con el que no quiere pactar nadie, entre otros motivos porque los populares no quisieron pactar nada durante los cuatro años en los que no les fue necesario. La insistencia de Rivera en que el PSOE debe colaborar en la investidura de Rajoy hay que entenderla como una acción en defensa propia: si Ciudadanos se convierte en la muleta del PP, con Rajoy al frente, sin compensaciones en una supuesta lucha contra la corrupción, su futuro puede quedar en entredicho. ¿Para qué dos partidos de derechas si el comportamiento es similar?

La papeleta del PSOE

El papel más difícil, sin embargo, es el de los socialistas. Aunque Pedro Sánchez sugiera que no habría terceras elecciones si no hubiera habido segundas, lo cierto es que el PSOE lo arriesga todo, tome la decisión que tome, tras un primer voto (al que Rajoy puso fecha en el 3 de agosto para aumentar la presión) que será necesariamente negativo. El líder socialista dejó muy claro que la obligación de encontrar apoyos para el gobierno del PP es del propio PP y no puede cargar a los demás con la culpa de sus incapacidades. Sánchez reiteró que el voto de los socialistas será siempre negativo, pero no por Rajoy, sino porque el programa del PP es incompatible con el del PSOE. Los socialistas no pueden conceder en modo alguno que Rajoy salga a la primera y solo muy a regañadientes pueden aceptar abstenerse en la segunda votación (o en la tercera, si fuera el caso) si obtuviesen claras contrapartidas que presentar a su electorado. Lo contrario sería el suicidio o la ruptura de un partido que, por otra parte, no está especialmente cohesionado.

Para permitir que Rajoy (u otro candidato del PP) sea el nuevo presidente del gobierno, el PSOE necesita concesiones de los populares. Concesiones de contenido: en educación, por supuesto, pero también en lo relativo a libertades (ley mordaza), en el modelo laboral (cambios en la contratación y en la negociación colectiva), en economía (financiación autonómica, fiscalidad y pensiones) y en asuntos aparentemente menores pero, al final, esenciales para la organización de la convivencia, como acabar con el sometimiento del poder judicial y de los medios de información públicos al Partido Popular.

El PSOE puede aceptar abstenerse solo si obtiene claras contrapartidas para mostrar a sus votantes

Es probable que Ciudadanos exija cambios en la ley electoral y nuevas medidas anticorrupción. En ambos casos podrá contar con Pedro Sánchez y sumar, además, el apoyo de Podemos, a quien los socialistas no querrán dejar el monopolio de la oposición. En el pasado el PSOE podría no haber sido receptivo a una reforma que afecte al sistema de representación electoral, pero tras el susto de las últimas elecciones los tres partidos pueden defender con argumentos una modificación que haga el reparto de escaños más proporcional a los votos reales. Menos partidario será, en cambio, el Partido Popular, gran beneficiado en el presente.

Buscar por esta u otras vías la colaboración de Unidos Podemos es esencial para los socialistas porque si un día quieren gobernar difícilmente podrán hacerlo solos, y no está claro que la derecha piense ayudarles. Nunca lo ha hecho. Por su parte, los partidos nucleados en torno a Pablo Iglesias, pasado el sarampión, tendrán que aceptar que en el Parlamento cabe algo más que el mero no a lo que hagan los otros. Y para eso necesitarán pactar. Los más cercanos y con mayores coincidencias programáticas son los socialistas.

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Asunto sensible

Queda la patata caliente de la reforma constitucional. Rivera ha querido presentarse como el adalid de lo que él llama el “frente constitucionalista”. Eso tiene poco recorrido. Tan constitucionalista es quien defiende que la Constitución no se toque (o se toque poco) como quien propone (Unidos Podemos) modificarla respetando los mecanismos que la propia Constitución prevé. Y esta modificación tendrá que hacerse contemplando el problema territorial que se vive en Cataluña, donde la pasiva indolencia de Rajoy ha sido un maná para el independentismo. Los socialistas (o una parte de ellos) hablan de reforma federal; Unidos Podemos, de una España plurinacional. No todo parecen divergencias. Y también se abre aquí un campo donde exigir gestos al PP a cambio de permitir su gobierno en minoría.

Vistas las cosas, no todo está perdido. Nadie puede imponer sus proyectos a los demás. Queda la vía de la negociación y hasta, quizás, puedan alcanzarse acuerdos.

Por Francesc Arroyo, AHORA SEMANAL

IlustraciónRaúl Arias

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Queda para Rato

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Fíjense qué honrado es el PP

Por Rosa Paz

Uno de los elementos del argumentario del PP que sus dirigentes tienen más interiorizado es aquel que consiste en repetir frases del estilo: “Fíjense ustedes si este partido combate la corrupción que la justicia investiga la Gürtel y el caso Bárcenas estando el PP en el Gobierno”. Lo dicen como queriendo dar a entender que el Ejecutivo podría impedirlo si quisiera y trasmitiendo la idea de que el poder político tiene la potestad de frenar a los jueces y no la utiliza. No la tiene, pero seguro que muchas veces lo intenta. Con estas afirmaciones, los dirigentes del PP no solo pretenden pasar por adalides de la honradez, sino que lanzan además un ataque directo a la imprescindible pedagogía democrática sobre la separación de poderes, de la que tan necesitado está este país.

Pero la realidad es la que es y los ciudadanos saben que el PP ha puesto todas las trabas que ha podido a la instrucción de los sumarios de la Gürtel y de Bárcenas y que los fiscales y los jueces han seguido adelante con ellos, como en su día hicieron con los GAL o los casos Roldán y Mariano Rubio, cuando el PSOE estaba en el poder. Poder que, por cierto, perdieron los socialistas precisamente por esas causas.

A la lista de escándalos del PP se ha añadido en los últimos días el descubrimiento de que Rodrigo Rato, el todopoderoso vicepresidente Económico del Gobierno de José María Aznar, se acogió a la amnistía fiscal de Montoro y está acusado por la Agencia Tributaria de fraude fiscal, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. Las imágenes de su detención el pasado jueves dieron la vuelta al mundo, porque Rato es persona conocida por los medios de comunicación de todo el planeta, dado que a su condición de exministro y exvicepresidente del Gobierno de España une la de exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional.

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Ha habido rumores sobre si Rato ha sido elegido por sus antiguos compañeros de partido como chivo expiatorio para frenar el desgaste social y electoral que les están causando tantos y tan graves casos de corrupción. Se dice que ha sido el Gobierno el que ha elegido la fecha del registro policial de sus viviendas y sus despachos y de su arresto durante 8 horas y que habría sido el Ejecutivo el que también habría avisado a la prensa para garantizar la conveniente difusión de la historia. Dudas que de momento no se despejan. Porque no se entiende qué beneficio le puede reportar al PP el estallido del caso Rato a cinco semanas de las elecciones. Salvo que se temieran, claro, que el juez podía ordenar el registro para la jornada de reflexión.

Habiendo sido Rato uno de los hombres más poderosos del PP junto con Aznar, Fraga y el propio Rajoy y siendo tan impactantes los hechos que le atribuye la justicia, no parece que de aquí al 24 de mayo se vaya a dejar de hablar de él. Ni aquí ni en el resto del mundo. Ni parece tampoco que el argumentario citado en el arranque les vaya a salvar de la quema, por mucho que el reaparecido Esteban González Pons lo utilizara el jueves para decir, sin el más mínimo rubor, que “si un partido como el PP no pone ningún obstáculo para que un icono como Rodrigo Rato pase por lo que ha pasado, algún crédito tiene que tener”. Eso es querer apuntarse un tanto sin haber hecho nada para merecerlo. No poner ningún obstáculo -que vayan ustedes a saber si lo ha puesto- es su obligación. Otra cosa habría sido haber denunciado a Rato o a Bárcenas o a Correa ante la Agencia Tributaria o ante la Fiscalía o ante el juez de guardia, eso sí que habrían sido ejemplos de lucha contra la corrupción.

@pazmacazaga

IlustraciónManel Fontdevila

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El reino de la corrupción

La democracia es un sistema que descree de la bondad universal y desconfía de la codicia humana. Los políticos son piedra de escándalo. Y las respuestas del Gobierno son tardías e insuficientes.

Cada vez que surge un nuevo caso de corrupción nuestros políticos se escudan en que son mayoría los servidores públicos honestos y que solo unos pocos sinvergüenzas se han colado en sus filas. Con este innovador mensaje se presentó Mariano Rajoy en el pleno monográfico del Congreso sobre la corrupción, al que aportó dos proyectos de ley visados por su Gobierno hace casi dos años. A partir de estas premisas es inconcebible que el presidente del Gobierno pueda encabezar un programa serio para combatir un problema que se ha convertido en la segunda preocupación de los españoles. Todas las respuestas devienen tardías e insuficientes, como acaba de demostrar la microrreforma introducida por la Cámara sobre los viajes de diputados y senadores a raíz del caso Monago.

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Más de 800 Ayuntamientos (un 10% del total) están incursos en diversos procedimientos judiciales vinculados al muy heterogéneo dominio de la corrupción política; el número de imputados se cuenta por miles, según informes de la fiscalía. Minimizar estas cifras hasta el punto de convertir a esa legión de corruptos en una excepción es una desfachatez, si no un acto de cinismo. Al margen de la honradez individual, que se dilucida en los tribunales, la mayoría de los políticos tiene fundadas sospechas, cuando no indicios, de que su partido tiene vías de financiación irregulares, pero ese es un tabú cuya ruptura se castiga con la expulsión, como le sucedió al socialista Alonso Puerta en 1981. Habrían de pasar 26 años hasta que un concejal popular de Majadahonda pagara el mismo precio después de poner a la Fiscalía Anticorrupción tras la estela del caso Gürtel, una red mafiosa de la que se habría lucrado el PP, según el último auto del juez instructor.

Nuestros políticos conocen estas prácticas desde los tiempos de la Transición, pero han preferido guardar silencio para mantener el favor de sus jefes. Es hora de poner fin al espectáculo degradante de que nadie sepa en los partidos políticos, salvo sus tesoreros o sus gerentes, de dónde proceden los dineros con los que se financia la campaña electoral permanente en la que están metidos o cómo se pagan las obras de sus sedes y los salarios de sus empleados.

¿Tiene alguna lógica que los presidentes y secretarios generales puedan alegar ignorancia ante los jueces y librarse así de toda culpa en este tráfico indecente de cajas b y dineros negros? ¿Por qué los líderes que elaboran las listas electorales y aprueban los programas políticos están exentos de rendir cuentas sobre las finanzas de sus partidos? ¿Puede Rajoy eludir su responsabilidad en el caso Bárcenas con el simple trámite de pedir perdón al Parlamento por haberse equivocado en su nombramiento? Bienvenida sea la reforma del Código Penal (anunciada hace más de un año) que castigará el delito de financiación ilegal con uno a cinco años de cárcel, aunque solo se atajará el mal cuando los jefes máximos tengan que responder por una presunta administración desleal.

Este estado de cosas ha sido consustancial a la democracia creada al amparo de la Constitución de 1978. La debilidad de unos partidos renacidos tras 40 años de dictadura sirvió para blindar sus cuentas y excluirlas del escrutinio público. Galaxia Gutenberg acaba de publicar un libro póstumo de Javier Pradera titulado Corrupción y política. Los costes de la democracia. Escrito hace 20 años, en plena floración de escándalos (Juan Guerra, Hormaechea, Ibercorp, Mariano Rubio, Filesa, Cacerolo, Roldán, fondos reservados, etcétera), su lectura resulta de extraordinaria actualidad. La anatomía de la venalidad que Pradera disecciona con precisión forense es perfectamente aplicable a la sucesión de casos que monopolizan la actualidad informativa. Los cambios legislativos introducidos en estas dos décadas han tenido el efecto gatopardianode mantener intacta la corrupción estructural para financiar los partidos, a la que se ha sumado el creciente pillaje individual de muchos gestores.

Es cierto que se creó la Fiscalía Anticorrupción en 1995, que se han endurecido algunas sanciones penales, que la UDEF ha prestado una mayor dedicación a los delitos económicos que proliferan en el ámbito político, pero nada sustantivo ha cambiado en los mecanismos de adjudicación de contratos públicos, que es donde reside la gran corrupción, la que mueve millones de euros en forma de comisiones mafiosas. Este mecanismo perverso obliga por lo demás a las empresas concesionarias a falsificar su contabilidad con innumerables facturas falsas que a menudo se distribuyen entre los proveedores. En esta cadena fraudulenta participan miles de personas que están sometidas a una ley de silencio tanto más férrea cuanta mayor es la precariedad laboral. Los denunciantes no cuentan con ninguna protección.

No sorprende que en medio de este paisaje la economía sumergida suponga casi una quinta parte del PIB según diversos informes o que los inspectores de Hacienda estimen que el monto del fraude fiscal supera el déficit de todas las Administraciones públicas. Lejos de constituir un ejemplo nuestros políticos son piedra de escándalo, agravado por el impacto de una crisis económica que se traduce en el empobrecimiento de grandes grupos de población, el paro de más de cinco millones de personas según la EPA, una deflación salarial que no excluye de la pobreza a quienes trabajan y una pavorosa desigualdad que coloca a España en el segundo lugar del ranking europeo.

El Eurobarómetro de 2013 sobre corrupción registró que el 63% de los encuestados españoles (el porcentaje más alto de la UE) se consideraba afectado personalmente en su vida cotidiana, frente a una media comunitaria del 26%; el 95% consideraba que es un problema muy extendido en el país, principalmente en las instituciones locales y regionales. Todo ello consolida el convencimiento generalizado de que la gran corrupción gira en torno a las finanzas de los partidos, con una activa participación de las empresas contratistas de obras y servicios. Sindicatos y asociaciones patronales se han incorporado al festín al calor de los cursos de formación, los expedientes de regulación de empleo o las tarjetas opacas de algunas cajas. Que solo ocho de los 86 titulares de Bankia renunciaran a usarlas dice mucho del nivel ético de nuestras élites.

La democracia es un sistema que descree de la bondad universal y desconfía de la codicia humana. De ahí que exija contrapesos y controles rigurosos para impedir abusos de poder y sancionarlos cuando se produzcan. Un Tribunal de Cuentas nombrado mayoritariamente por los partidos, que más que vigilarse mutuamente practican una estrategia de no agresión, es un instrumento ineficaz para controlar sus finanzas. Algunos países europeos han creado comisiones independientes para fiscalizar a los partidos e incluso para adjudicar los contratos públicos. Hace casi dos años el Congreso acordó convocar una comisión de expertos para estudiar el dossier de la corrupción y proponer estrategias de choque. Nadie la ha recordado en el reciente debate parlamentario.

A un año de las elecciones generales es probable que no haya tiempo para comités, pero los partidos no pueden cruzarse de brazos tras una legislatura que ha sido una ciénaga en materia de corrupción. Y si así lo hacen estarán contribuyendo a ese súbito ascenso de Podemos, que más allá de la viabilidad o no de sus propuestas se nutre sobre todo de la náusea colectiva. Los abstencionistas de ayer, los participantes en las diversas mareas contra los recortes en sanidad y educación o simplemente la multitud de decepcionados con el PSOE suman ya un bloque de votantes potenciales que de momento ha roto, al menos en las encuestas, el statu quo de un bipartidismo asfixiante.

OPINIÓN- La Cuarta Página EL PAÍS

Ilustración- Bernardo Bergara

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“si no le gustan mis principios, tengo otros”

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La injusticia universal

Por José María Mena

La justicia universal exige que no queden sin castigo los crímenes más graves contra la humanidad. Los estados deben asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia los culpables de esos gravísimos crímenes. No debe haber lugar ni tiempo de impunidad ni de perdón para ellos. Este es el espíritu de la jurisdicción universal, plasmado en distintos convenios a partir de la Segunda Guerra Mundial, como expresión de la solidaridad ética y democrática que se pretendía instaurar en el mundo entero.

Con este espíritu se crearon los tribunales internacionales para juzgar los crímenes de guerra y los genocidios de Ruanda y de Yugoslavia en 1993 y 1994. Con este espíritu, en 1998, se firmó el Estatuto de Roma que creó el Tribunal Penal Internacional (TPI) como jurisdicción complementaria de las jurisdicciones nacionales. Los 139 estados firmantes del Estatuto de Roma se comprometieron a juzgar a los responsables, o a aportar pruebas y a entregarles cuando los juzgue el TPI. Pero hay 54 estados miembros de las Naciones Unidas que no han aceptado someterse al compromiso recíproco de la jurisdicción universal. Entre ellos se encuentran China, Estados Unidos, Israel y Rusia.

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España ya había asumido este compromiso internacional en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. Su artículo 23.4 permitía que los tribunales españoles juzgaran a los españoles o extranjeros que, fuera de España, hubieran cometido crímenes de genocidio, u otros gravísimos crímenes previstos en Tratados internacionales suscritos por España. Con base en este artículo prosperaron ante la Audiencia Nacional las querellas por los crímenes de Guatemala, y por los de Pinochet. Seguidamente se formularon nuevas querellas contra Israel, por los crímenes de Sabra y Shatila, siendo comandante de la operación Ariel Sharon, en 1982; contra los militares de EE UU por el asesinato de Couso en Bagdad en 2003, y contra los dirigentes chinos por el genocidio del Tibet.

Ante la reacción de los Estados incomodados por la actuación de la justicia española, el Gobierno del PSOE, con el apoyo del PP y de algún otro grupo parlamentario, acometió la primera reforma del artículo 23.4. Desde entonces sólo serían admisibles las querellas si afectaban a intereses españoles. Nuestra ejemplar solidaridad con las víctimas sin vínculos con España quedaba enterrada. Ya lo dijo Groucho Marx, “si no le gustan mis principios, tengo otros”. El 15 de Octubre de 2009, el mismo día en que el presidente Zapatero debía ser recibido en Tel Aviv, se publicaba en el BOE la reforma que impedía la persecución de los crímenes de Sabra y Shatila.

El asunto de China siguió su lenta pero implacable tramitación, impulsada por un querellante de origen tibetano pero nacionalizado español. En este caso, por lo tanto, el requisito de vinculación del delito con intereses españoles estaba cumplido. Cuando, en noviembre de 2013, la Audiencia Nacional ordenó el procesamiento y la busca y captura internacional contra Jiang Zemin y Li Pen, expresidente y exprimer ministro de China, el gobierno español, según dicen, percibió la gravedad de la irritación oriental.

Con más celeridad, si cabe, que en el asunto de Israel, se improvisó una nueva reforma del artículo 23.4, que quedaba cocinada en enero de 2014, por el trámite de urgencia. El PSOE no la apoyó. El diputado del PP Castillo Calvín echó en cara “a los señores socialistas cómo se gestó la reforma del 2009 como ley complementaria de la ley de reforma de la oficina judicial”, con la que, obviamente, no tenía nada que ver. Y también les recordó que con esta trampa parlamentaria el Gobierno socialista en 2009 había evitado la lentitud de pasar por la aprobación del Consejo de Ministros, y los riesgos de los informes del Consejo del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Todo ello con la aquiescencia y la complicidad del PP, que ahora reprocha al PSOE que no esté a la recíproca. O sea, que si ambos fueron tramposos cuando lo de Israel, ahora, con lo de China, unos son reincidentes, y los otros desmemoriados, y desagradecidos.

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Con la nueva reforma, aquellos gravísimos crímenes, cometidos fuera de España, ya sólo se podrán perseguir en España si los extranjeros que los hayan cometido viven habitualmente en España. Los dirigentes chinos quedan excluidos. Incluso podrían venir de vacaciones impunemente. El diputado Castillo menospreció en el Congreso a “la justicia quijotesca que buscando remediar las injusticias no consigue resultado alguno”. Es la declaración de la injusticia universal. Ciertamente no sería probable concluir el proceso con un juicio y una pena. Pero la orden internacional de captura, y el proceso, con la publicidad de sus pruebas, tienen la carga de un reproche ético y democrático de trascendencia mundial. Esto es lo que irrita a los poderosos imputables, y provoca tramposas celeridades de reformas “a la carta”. Es la inmensa fuerza disuasoria de de la justicia universal.

José María de Mena Álvarez es el exfiscal jefe del TSJ de Catalunya

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Machismo

Un vicio social difícil de combatir

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Ahora sabemos por qué estaba tan nervioso Arias Cañete en el debate del jueves con Elena Valenciano: tolera las diferencias ideológicas siempre que el interlocutor sea un varón, porque en la competición por la virilidad superior está el fondo de la masculinidad y hace cómplices a los contendientes (se sentiría más cómodo debatiendo con Rubalcaba, dice); también puede soportar la diferencia sexual, siempre que la afinidad ideológica le permita tratar a las mujeres con deferencia (alaba a Loyola de Palacio, Cospedal o García Tejerina, que son de su cuerda). Pero cuando se juntan las dos cosas, la diferencia de género y la divergencia política, se bloquea.

Sus asesores debieron de insistirle mucho en que ocultase su hombría, y él les obedeció, pero enseguida tuvo la certeza de que había sido eso —que no le dejaran ser como es— lo que le había perjudicado en la justa dialéctica. ¿Significa eso que es machista? Él cree que no, porque piensa que el machismo es una doctrina como el cristianismo, o una postura política, como el feminismo, y él no se adhiere a tal cosa. Pero es que el machismo es otra cosa: un vicio social que se contrae en el medio familiar y comunitario, mientras uno aprende a atarse los zapatos o a sonarse las narices; se incorpora a la conducta como un hábito y se experimenta como natural, como pasa con los gustos gastronómicos.

Por eso es difícil de combatir. Tiene la forma de un entendimiento tácito e inconfesable entre varones (una forma sutil de homosexualidad, como comprendió Georges Devereux) que excluye —e infama— a las mujeres, y exhala el pegajoso olor a sudor de la camaradería, es decir, de quienes duermen en la misma cámara. Entre los dirigentes políticos que no usan desodorante se les notaba mucho a Hugo Chávez y a Sarkozy, y se le nota mucho a Putin. En la URSS, cuando se consideraba a alguien disidente, se le retiraba el título de “camarada” y se le llamaba despectivamente ciudadano. Esta condición es la que se exige para participar en un debate político: que se deje uno en casa su camaradería y que no pretenda sacar ventaja pública de sus señas privadas y viscerales. No hace falta, pues, que Elena Valenciano insista en que es una mujer (como hizo en el debate), lo que haría falta es que Arias Cañete consiguiese olvidarse de sus vísceras, que el otro día le hacían sudar esperando el momento de quitarse el apretado disfraz de ciudadano y volver a estar entre sus camaradas, donde las mujeres no hacen política o, si la hacen, no le llevan la contraria.

Por el filósofo José Luis Pardo

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Asuntos internos

cinismo socratismos

Por Boris Izaguirre

Esperanza Aguirre acudió al programa de Carlos Herrera el mismo día que medio país se despertaba escandalizado, otra vez, al enterarse de que el antiguo tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, había acumulado 22 millones de euros, tan bien conservados como él mismo, en un banco suizo. Esperanza, que ahora es “buscadora de talento”, dijo que desde hace tiempo ella viene exigiéndoles a los partidos que abran una “especie de oficina interna para, eso, estudiar, analizar los asuntos internos y evitar estas situaciones”. El problema con la propuesta de Aguirre no es que llegue tardísimo, sino que nuestro panorama político se despierta cada mañana con todo el aspecto de ser un pestilente asunto interno.

De poco sirve escandalizarse por este mal olor, ni sobreactuar, ni sentir que nos volvimos una imitación contante y sonante de las repúblicas latinoamericanas. No hace falta nada de eso, lo que deberíamos hacer es un buen trabajo de fontanería o pedir a Bárcenas y a los Pujol que nos enseñen cómo se hace, cuándo y con quién. Está claro que el sistema de los partidos, de las empresas y de los bancos favoreció el enriquecimiento ilícito y la impunidad; lo que no está bien es que solo lo sepan hacer unos cuantos. Hay que aprenderlo todo, desde cómo desfilar ante las cámaras en la Audiencia y que tu esposa combine abrigo de piel, bolso de lujo y radiografía de última tecnología, hasta cómo hacer que una operación bursátil te permita movilizar periódicamente miles de euros sin que nadie en el partido levante una ceja. O las dos.

Los dos ojos son necesarios para ver bien a Juan José Güemes, el hombre con mejor pelo del Partido Popular y cónyuge de Andrea Que se Jodan Fabra, que se mantuvo encantador y discreto sobre su participación en las empresas que suplen de material médico a los hospitales que privatizaba. Güemes no perderá su carrera ni su envidiable cabellera, solo será un corte de pelo doméstico, lo más seguro es que en pocos meses pueda volver a ponerse el moño donde quiera sin necesidad de crecepelo. Mientras, el Partido Popular insiste en que los asuntos internos se lavan, como la melena, en casa.

Habría que repeinar la coincidencia de que Esperanza Aguirre haya conseguido un empleo en un área profesional nueva para ella al mismo tiempo que Belén Esteban se estrena como consejera telefónica para el ahorro tarifario en una empresa de telefonía móvil. Está claro que la crisis nos está cambiando y seguimos sin darnos cuenta hacia dónde. Pero Esperanza y Belén sí lo saben y andan, cada una por separado, promocionando sus nuevos proyectos. Como los Pujol en México.

Pero Cataluña aún no es Liechtenstein, y Sevilla, tampoco. Nuevos proyectos que acaban en otro asunto interno: el duelo de damas, volantes y moños que se está viviendo en Sevilla entre las dos pasarelas de la moda flamenca, esa que te pones o bien en la Feria de Abril o en el Rocío, seas del PSOE o del PP. Raquel Revuelta y Laura Sánchez se han visto enfrentadas. Revuelta lleva unos años dirigiendo el Simof, un salón oficial de moda flamenca sólidamente afincado en el panorama internacional y con subsidio público. Sánchez se ha arrancado este año, y de manera privada ha propuesto otra plataforma, We Love Flamenco, que se proclama como moda flamenca alternativa y solidaria, porque el traje flamenco, ya se sabe, da mucho de sí. La pelea, entre lunares y bulerías, envuelve a otra icónica modelo, María José Suárez, a la que la veterana Revuelta supuestamente advirtió que no pisara la pasarela solidaria y alternativa. ¡Olé! María José se arrugó y no tomó esa alternativa. Sánchez, rápida, con los tacones en el suelo, ha declarado que la moda es un coso muy competitivo y que no pasa nada, que hay sitio para todas. Alternativas o no.

Si tenemos que aplaudir a alguien que se haya confesado esta semana, no será a Lance Armstrong, harto de EPO y de Oprah, sino a Jodie Foster por ser Miss Jodie Foster. Hemos crecido al lado de esta extraordinaria intérprete. Nos enamoramos en Bugsy Malone, nos volvimos casi tan locos como el que quiso dispararle a Reagan por ella, después de ver Taxi driver. Fuimos todos sus personajes en los ochenta y fuimos Claire en El silencio de los corderos y la mujer violada en busca de justicia en Acusados, pero también hemos llorado por su discurso en los Golden Globes, asumiendo sus 50 años y su rumoreada homosexualidad. Hollywood es casi el lugar más homófobo del mundo, donde muy pocos pueden atreverse a ir contra sus reglas. A una actriz de la calidad y éxito de Jodie jamás se le hubiera permitido hacer esa carrera si se hubiera declarado gay desde el principio. Con el prestigio ganado, decidida a abrirse otro camino en la vida, lo ha dicho para estar en paz consigo misma y con sus hijos, presentes en la sala, a los que llamó “mi moderna familia”. Frente a esa familia, la opción que ha propuesto Luis Alfonso de Borbón es volver a la del siglo XVII. Pero aun en el siglo XXI, los gais tenemos que seguir explicando nuestra condición cuando la mayoría de la gente jamás necesita explicar nada. Foster lo ha hecho con una clase magistral. Ahora tenemos que esperar a que Bárcenas y los suyos se decidan a hablarnos un poquito de sus asuntos internos.

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Ma-tri-mo-nio

Han pasado siete años desde que Mariano Rajoy asumiera personalmente la decisión de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que, desde julio de 2005, permite a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio. España era, en ese momento, el tercer país del mundo en aprobar una ley de matrimonio igualitario. Solo Holanda y Bélgica se habían atrevido a hacerlo antes, y en el caso belga sin posibilidad de adopción (exclusión que luego fue modificada). También era posible en Massachusetts (EE.UU.) y en varias provincias de Canadá, por decisión de sus Cortes Supremas. Casi por primera vez en la historia, España se colocaba a la vanguardia mundial por lo que al reconocimiento de derechos civiles se trataba.

Fue el resultado de años de trabajo de las organizaciones LGTB españolas, que en una acertada decisión estratégica se negaron a negociar soluciones intermedias. Fue un éxito, también, de las fuerzas políticas progresistas. De los partidos de izquierda, pero también de los sectores más avanzados de partidos de centro-derecha, como el PNV o Convergència Democràtica de Catalunya, entre los cuales la ley también registró apoyos. Y es obligado reconocerlo: un éxito del entonces Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que con una firmeza que ojalá hubiera mantenido en otros aspectos de su acción política se negó a rebajar una ley modélica. Y muy simple: la modificación legal fundamental consistió en añadir solo 18 palabras al artículo 44 del Código Civil, que quedó así:

No fue fácil, sin embargo. Los sectores más reaccionarios de la sociedad española se confabularon para oponerse al matrimonio igualitario con toda la fuerza de la que son capaces, que es mucha. Llevaron a sede parlamentaria a “expertos” que no dudaron en relacionar la homosexualidad con infancias infelices, padres alcohólicos y madres sobreprotectoras. Consiguieron que todo el PP en bloque (con la honrosa excepción de la diputada Celia Villalobos) se opusiera con fiereza a una reforma con la cual muchos de sus votantes estaban de acuerdo. El 19 de junio de 2005 organizaron en Madrid una de las manifestaciones de protesta más multitudinarias de los últimos años. Y una vez aprobada la ley presionaron para ver recortada su aplicación: reclamaron la “objeción de conciencia”, utilizaron a jueces conservadores y finalmente consiguieron que Mariano Rajoy decidiera interponer recurso ante el Constitucional.

Han pasado ya siete años. En este tiempo, el ejemplo español ha servido de acicate a otros países. Es difícil pensar que sin la ley española hoy Portugal y Argentina dispusieran de leyes de matrimonio igualitario, o que Uruguay la esté discutiendo en estos mismos momentos. También se han sumado Canadá (cuya ley federal entró en vigor pocos días después de la española), Sudáfrica, Suecia, Noruega, Islandia y Dinamarca. Sin olvidar a varios estados de Estados Unidos o México Distrito Federal.

En estos años la ley de matrimonio igualitario ha sido un motor indiscutible de cambio social. No tanto por el número de matrimonios celebrados, unos 25.000 a día de hoy (en 2011 supusieron un 3% del total de matrimonios celebrados) como por el impulso a la normalización de la realidad LGTB que han supuesto. Pero sobre todo, ha resuelto una situación de injusticia, ha dado un marco legal estable a las miles de familias homoparentales que viven en nuestro país y ha permitido a lesbianas, gays, y bisexuales sentirse iguales.

Hoy el Tribunal Constitucional, siete años después ha dictado por fin sentencia y ha reconocido lo que ya era obvio para una inmensa mayoría: que lesbianas, gays y bisexuales son iguales. Tiempo habrá de analizar con detalle las argumentaciones del Constitucional, una vez se haga pública la sentencia y los posibles votos particulares.

Hoy es tiempo de celebrar y rearmarse para la siguiente batalla, que la habrá. Porque los enemigos de la igualdad no descansan: basta echar un vistazo a lo que en este preciso momento está sucediendo al otro lado de los Pirineos, donde a un Gobierno socialista recién elegido y con una sólida mayoría parlamentaria comienzan a flaquearle las piernas ante la gran movilización que iglesia católica y derechas política y mediática están llevando a cabo para impedir que Francia se convierta en el siguiente país en aprobar el matrimonio igualitario.

Un déjà vu que a muchos nos pone todavía la carne de gallina.

Por © Iñigo Ortiz de Guzmán

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El gallinero

Da igual si se lo dice a la otra bancada -a la de los socialistas- como si es a Perico el de los Palotes. Lo cierto es que el “¡qué se jodan!” que escuchamos ayer por parte de la diputada popular de Andrea Fabra (hija del presidente del PP de Castellón e imputado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal) es, a todas luces, una lindeza que no debe ni puede permitirse en el Congreso de los Diputados. Y menos cuando se habla de la disminución en las prestaciones por desempleo.

El Parlamento, según la Constitución Española, es una de las dos Cámaras que “representan al pueblo español” y que “ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos y controlan la acción del Gobierno“. Es lo que dice.

Lo que no indica por ningún lado es que también sirve para que sus señorías se crucen reproches en voz alta, a veces, incluso llegando al insulto.

Por desgracia, las imágenes de los diputados lanzándose improperios de una bancada a otra, gritando e interrumpiendo los debates no son nuevas. Desde el día en el que el expresidente del Congreso, Manuel Marín, expulsó al diputado del PP Vicente Martínez Pujalte, hasta el “¡a la mierda!” del fallecido José Antonio Labordeta a los parlamentarios conservadores, son muchos los ejemplos que hemos podido ver en los últimos años.

Como decía José Saramago: «Es hora de aullar porque si nos dejamos llevar por los poderes que nos gobiernan, y no hacemos nada por contrarrestarlos, se puede decir que nos merecemos lo que tenemos».

Cuidado

Por Arturo Pérez Reverte

CUIDADO…con lo que se avecina….es mas gordo de lo que os imagináis…un gobierno Europeo impuesto por los Neocon “Los Illuminatis” que irá quitando a corto plazo a los políticos demócratas y manipulando las elecciones…y colocando tecnócratas, nos queda poco. Los Indignados tienen más razón de lo que os podáis llegar a imaginar. No es una cuestion de PSOE ni de PP, nada tiene que ver. Esto solo se para negándonos a esas mentiras de pagar la deuda en que ellos nos han metido falsamente para tenernos hipotecados hasta nuestros nietos….se acabaron los Estados/Nación…adiós España.

Hay un problema laboral del colectivo de controladores aéreos que afecta al 1,2% de la población española (600.000 personas) y casi todos saltáis como energúmenos pidiendo hasta el linchamiento de ese colectivo cuando el día anterior hacen otra reforma del sistema laboral más restrictiva, quitan los 420 euros de ayuda a 688.000 parados que están en la ruina y anuncian cambios drásticos a peor en la ley de pensiones que afectan al 80% de la población y nadie se INDHIRA ni dice nada. ¿Sois idiotas?

Estáis pidiendo a gritos al Gobierno que se apliquen medidas que quitan el derecho a la baja laboral, a los permisos retribuidos y a las horas sindicales, sacar militares a la calle ¿sois idiotas?

Estáis leyendo que mintieron en los vuelos de la CIA, en el caso Couso, que González era la X del GAL, que gente del PP cobraba de la trama Gürtel, que hay políticos que cobran más de 230.000 euros al año, pero que nos cuestan más de 3 millones de euros, que la corrupción en la política no es excepción, sino norma, que ellos mismos se adjudican el derecho a cobrar la jubilación máxima con pocos años en las Cortes y a nosotros nos piden 40 de cotización, banqueros que consiguen del gobierno medidas duras contra los trabajadores y que tenían que estar en la cárcel por delitos demostrados de fraude fiscal y no decís nada, os quitan dinero para dárselo a esa gente que cobra cientos de miles de euros año, especula con nuestro dinero, defrauda a Hacienda y seguís callados ¿sois idiotas?

Tenéis una monarquía que se ha enriquecido en los últimos años, que apoya a los poderosos, a EEUU, a Marruecos y a todo lo que huela a poder o dinero, hereditaria como en la Edad Media ¿sois idiotas?

En Inglaterra o Francia o Italia o en Grecia o en otros países los trabajadores y los jóvenes se manifiestan hasta violentamente para defenderse de esas manipulaciones mientras en España no se mueve casi nadie ¿sois idiotas?

Consentís la censura en los medios de comunicación, la ley de partidos, la manipulación judicial, la tortura, la militarización de trabajadores sólo porque de momento no os afecta a vosotros ¿sois idiotas?

Sabéis quién es toda la gente de las revistas del corazón, futbolistas supermillonarios pero jamás escucháis a nadie como Saramago o Chomsky u otros mil intelectuales veraces y comprometidos con vuestros problemas ¿sois idiotas?

Si mucha gente responde sí, aún nos queda un poco de esperanza de conseguir acabar con la manipulación de los políticos y poderosos.
Si la mayoría contesta no, entonces estamos jodidos.

EL GOBIERNO: Ha bajado el sueldo a los funcionarios, suprimido el cheque-bebé, congelado las pensiones y reducido la ayuda al desempleo, (EL PARO), para afrontar la crisis que han generado los bancos los políticos y los especuladores bursátiles.

Nos gustaría transmitirle al Gobierno lo siguiente:

Dediquen su empeño en rebajar LA VERGÜENZA DEL FRAUDE FISCAL,que en España se sitúa alrededor del 23% del P.I.B. (10 puntos por encima de la media europea) y por el que se pierden miles de millones de €uros, fraude que repercute en mayores impuestos para los ciudadanos honestos.

TENGAN LA VERGÜENZA de hacer un plan para que la Banca devuelva al erario público los miles de millones de euros que Vds. les han dado para aumentar los beneficios de sus accionistas y directivos; en vez de facilitar el crédito a las familias y a las empresas, erradicarlas comisiones por los servicios bancarios y que dejen de cobrar a los españoles más humildes €30.01, cada vez que su menguada cuenta se queda sin saldo. Cosa que ocurre cada 1º de mes cuando les cargan las facturas de colegios, comunidades, telefonía, Etc. y aun no les han abonado la nómina.

PONGAN COTO a los desmanes de las empresas de telefonía y de ADSL que ofrecen los servicios más caros de Europa y de peor calidad.

ELIMINEN la duplicidad de muchas Administraciones Públicas, suprimiendo organismos innecesarios, reasignado a los funcionarios de carrera y acabando con los cargos, asesores de confianza y otros puestos nombrados a dedo que, pese a ser innecesarios en su mayor parte, son los que cobran los sueldazos en las Administraciones Públicas y su teórica función puede ser desempeñada de forma más cualificada por muchos funcionarios públicos titulados y que lamentablemente están infrautilizados.

HAGAN que los políticos corruptos de sus partidos devuelvan el dinero equivalente a los perjuicios que han causado al erario público con su mala gestión o/y sus fechorías, y endurezcan el Código Penal con procedimientos judiciales más rápidos y con castigos ejemplares para ellos.

INDECENTE, es que el salario mínimo de un trabajador sea de 624 €/mes y el de un diputado de 3.996, pudiendo llegar, con dietas y otras prebendas, a 6.500 €/mes. Y bastantes más por diferentes motivos que se le pueden agregar.

INDECENTE, es que un profesor, un maestro, un catedrático de universidad o un cirujano de la sanidad pública, ganen menos que el concejal de festejos de un ayuntamiento de tercera.

INDECENTE, es que los políticos se suban sus retribuciones en el porcentaje que les apetezca (siempre por unanimidad, por supuesto, y al inicio de la legislatura).

INDECENTE, es que un ciudadano tenga que cotizar 35 años para percibir una jubilación y a los diputados les baste sólo con siete, y que los miembros del gobierno, para cobrar la pensión máxima, sólo necesiten jurar el cargo.

INDECENTE, es que los diputados sean los únicos trabajadores (¿?) de este país que están exentos de tributar un tercio de su sueldo del IRPF.

INDECENTE,es colocar en la administración a miles de asesores = (léase amigotes con sueldos que ya desearían los técnicos más cualificados)

INDECENTE, es el ingente dinero destinado a sostener a los partidos y sindicatos pesebreros, aprobados por los mismos políticos que viven de ellos.

INDECENTE, es que a un político no se le exija superar una mínima prueba de capacidad para ejercer su cargo (ni cultural ni intelectual).

INDECENTE,es el coste que representa para los ciudadanos sus comidas, coches oficiales, chóferes, viajes (siempre en gran clase) y tarjetas de crédito por doquier.

Indecente No es que no se congelen el sueldo sus señorías, sino que no se lo bajen.

INDECENTE, es que sus señorías tengan seis meses de vacaciones al año.

INDECENTE, es que ministros, secretarios de estado y altos cargos de la política, cuando cesan, son los únicos ciudadanos de este país que pueden legalmente percibir dos salarios del ERARIO PÚBLICO.

Y que sea cuál sea el color del gobierno, toooooooodos los políticos se benefician de este moderno “derecho de pernada” mientras no se cambien las leyes que lo regula.
¿Y quiénes las cambiarán? ¿Ellos mismos? Já.

Sí, hoy es Viernes 13 de Julio.

Una jornada de mala suerte en las culturas anglosajonas, aunque en otras culturas es igual a miedo.

En España debería honrarse como el ‘Día del improperio y la pandereta‘.

Por © Iñigo Ortiz de Guzmán

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Donde dije digo, digo Diego

La bolsa baja, la prima sube.

Y Cristobal Montoro calla.

“Que nosotros ganemos le conviene a Alemania, a Europa y a los mercados. Ese solo hecho ya les da tranquilidad”, prometía el portavoz de economía del PP justo antes de votar.

Lo cierto es que el martes España pagaba más intereses que Grecia por sus nuevos bonos.

Mientras en el Congreso buscan cómo acelerar el traspaso de poderes. Hasta los suyos le exigen a Rajoy que adelante unas gotas de su pócima milagrosa: que explique ya su plan.

Sí, aquel que se pasó la campaña diciendo que no podía detallar los recortes porque no conocía el estado real de las cuentas; como si no fuesen datos públicos. No vaya a ser que desenfunde la tijera antes de llegar a Moncloa.

¿Incongruencias? Varias.

Y eso no es todo.

El pasado mes de febrero, al referirse a ciertas medidas presupuestarias que acababa de anunciar Zapatero tras un encuentro con Angela Merkel, dijo Mariano Rajoy: “A mí, como español, no me gusta que desde fuera me digan lo que hay que hacer”.

Esta semana la canciller alemana, dos agencias de calificación y varios periódicos influyentes en el establishment financiero internacional le dijeron al líder del PP lo que tiene que hacer.

“Usted ha obtenido el mandato claro de su pueblo para decidir y aplicar rápidamente las reformas necesarias”, le transmitió Merkel en un telegrama de felicitación por su victoria electoral que, salvo ese párrafo imperativo, no pasa de ser una nota protocolaria tipo de felicitación.

La agencia Fitch, por su parte, emplazó a Rajoy a “sorprender” a los inversores con un “ambicioso y radical programa de reformas estructurales y fiscales”.

Pero el silencio impera.

Que se sepa, el aludido no ha comparecido para expresar en público su patriótico rechazo a semejante injerencia.

El futuro Presidente del Gobierno podrá alegar que no interpreta esos mensajes como órdenes porque también es partidario de los ajustes que se le reclaman; pero ¿osaría enviar un telegrama perentorio al ganador de unas elecciones en Alemania o Francia?

Por lo demás, alguien debería explicar a Merkel que su interpretación del resultado del 20-N es errónea: Rajoy no obtuvo el “mandato claro de su pueblo” para aplicar con rapidez las reformas.

Lo que sucedió es que el PSOE perdió millones de votantes y se hundió en el abismo precisamente por entrar en el discurso único y socialmente injusto de los recortes.

Por © Iñigo Ortiz de Guzmán

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