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Caza de brujas

pp eta

Si no votas al PP, votas a ETA

Por Ignacio Escolar

Manuela Carmena fue una de las fundadoras del despacho de abogados laboralistas que sufrió la matanza de Atocha, es premio nacional de Derechos Humanos y cofundadora de Jueces para la Democracia; fue magistrada del Tribunal Supremo, jueza decana de Madrid y relatora de la ONU, entre otras muchas cosas. Cuando se jubiló, abrió una tienda social de ropa para niños hecha por reclusas en reinserción. Pero cuando la presentan en el debate de Telemadrid, la parte más importante de su currículum es que fue jueza y asesoró al Gobierno Vasco.

Se entiende mejor el detalle biográfico vasco que recupera la ‘imparcial’ moderadora cuando al minuto Esperanza Aguirre acusa a Carmena de llevar “abertzales en sus listas”, de preocuparse por “el sufrimiento de los etarras”, de haber excarcelado a terroristas y, por supuesto, de “despreciar a las víctimas”. Jugada en equipo: la moderadora pasa y Aguirre chuta. TeleEspe funciona así.

 La estrategia de Esperanza Aguirre en ese aberrante formato de debate electoral que ella misma impuso en Telemadrid ha sido bastante clara: embarrar aún más campo, a ver si así consigue manchar la imagen de Manuela Carmena, su principal rival en estas elecciones, y que aparece como la candidata mejor valorada en las encuestas.

Esperanza Aguirre estuvo maleducada, impertinente, hipócrita y exasperante en el debate electoral. Acusó a Carmena de estar en sintonía de ETA; ese es todo su programa –que a cinco días de las elecciones sigue sin presentar–: si no votas al PP, votas a ETA. La lideresa siguió la ola de una portada de El Mundo tan indigna que hasta el nuevo director del periódico –que aún no ha tomado posesión– se desvinculó de tan rastrera acusación.

Relacionar con ETA a todo aquel que no sea del PP no es una estrategia nueva de la derecha, aunque ahora ese espantajo se use contra Podemos y Ahora Madrid; antes ya lo hicieron contra “zETAp” y esa “traición a los muertos” que indignamente acusó Rajoy. Utilizar el terrorismo de forma tan sucia e inmoral, banalizar sobre ETA de esta manera, sí es un insulto a las víctimas; una verdadera traición.

Lo escribí hace dos años en un artículo que, por desgracia, sigue vigente. Tú eres ETA. Yo soy ETA. Nosotros somos ETA y cualquiera que proteste es siempre ETA. Solo ellos no son ETA. En esencia, los españoles nos dividimos en dos grupos: los “ciudadanos de bien” (marca registrada) y el resto, los etarras.

Solo hay algo más lamentable que este populismo de brocha gorda de Esperanza Aguirre. Que este domingo le pueda funcionar.

manuela esperanza

Vídeo– a partir de 1:48:00 TELEMADRID

Viñeta- por Bernardo Vergara

+Info- Artículo de Ernesto Ekaizer

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11M x10

Venganza cumplida

Por Fernando Reinares

11m portada

El 11-M comenzó a urdirse a finales de 2001 en Pakistán, dos años antes de la guerra de Irak

Los atentados del 11-M fueron ideados en Karachi a finales de 2001 como venganza por el desmantelamiento de la célula que Al Qaeda había establecido siete años antes en España, un grupo bautizado con el nombre de Abu Dahdah en alusión al que fue su líder desde 1995. El ánimo de venganza fue esencial en la decisión inicial de atentar en España y en la temprana movilización, concretamente a partir de marzo de 2002, de lo que será la red que ejecutó el 11-M.

Así lo corroboran una serie de hechos. En primer lugar, que Amer Azizi, antiguo miembro de la desarticulada célula de Abu Dahdah, que no fue detenido por encontrarse en Irán cuando se desarrolló la Operación Dátil, fuese quien adoptó en su origen la decisión de atentar en España. En segundo lugar, que otro allegado de la misma, Mustafa Maymouni, se ocupase de recomponer una nueva y decididamente operativa célula yihadista en Madrid a partir de los restos de aquella. Por último, que tres seguidores más de Abu Dahdah —Serhane ben Abdelmajid Fakhet, el Tunecino; Said Berraj y Jamal Zougam— desempeñaron papeles fundamentales en la preparación y ejecución de la matanza en los trenes de Cercanías.

Además, en el caso del 11-M, no solo Azizi y otros implicados que procedían de la célula de Abu Dahdah albergaban deseos de venganza contra España y los españoles. También los guardaba Allekema Lamari, quien fue miembro de una célula del Grupo Islámico Armado (GIA), desarticulada en Valencia en 1997, que cumplía condena hasta su extemporánea excarcelación en 2002, juró que “los españoles pagarían muy caro su detención”.

Lamari no ocultaba su “resentimiento hacia España” y manifestaba que tras salir de prisión su “único objetivo” era “llevar a cabo en territorio nacional atentados terroristas de enormes dimensiones, con el propósito de causar el mayor número de víctimas posibles”, según se lee en distintos documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) elaborados antes y después del 11-M. En uno de ellos se afirmaba que, de no haber sido uno de los fallecidos en la explosión suicida ocurrida en Leganés el 3 de abril de 2004, estaría decidido a “continuar con su venganza” contra “la población y los intereses españoles” con “la ejecución de nuevos atentados terroristas”.

11m

Primeros auxilios a las víctimas del atentado terrorista del 11-M en Atocha.

¿Unos moritos de Lavapiés?

Pero los atentados en los madrileños trenes de Cercanías se llevaron a cabo no solo con la participación de individuos previamente relacionados con la célula de Abu Dahdah y con quienes estos atrajeron. La red terrorista del 11-M, que calculo estuvo compuesta en la práctica por más de treinta personas, tuvo un segundo componente, introducido a partir de las estructuras europeas del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), cuyos dirigentes habían optado en febrero de 2002 por reorientar su actividad operativa, atendiendo a criterios de oportunidad, hacia países donde residieran sus miembros. Eso tuvo implicaciones directas en los parámetros de amenaza terrorista para Marruecos y España. En el verano de 2003 se sumó a la red terrorista un tercer componente: una banda de delincuentes comunes radicalizados en mayor o menor medida en el salafismo yihadista por lealtad a su jefe, Jamal Ahmidan, El Chino.

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Finalmente, los propios líderes de Al Qaeda en Pakistán asumieron los planes terroristas en curso unos cinco o seis meses antes del 11-M, mientras Amer Azizi se había convertido en adjunto al jefe de operaciones externas de esa organización yihadista y cuando la guerra de Irak ofreció un contexto favorable para presentarlos en el marco de su estrategia general.

A pesar de ello, en los años que siguieron al 11-M se extendió, tanto en ámbitos académicos como también entre las comunidades de inteligencia y los medios de comunicación, la siguiente interpretación: los atentados de Madrid fueron producto de una célula independiente, carente de conexiones internacionales significativas con organizaciones terroristas establecidas lejos de nuestras fronteras, y que cuantos de un modo u otro intervinieron en llevarlos a cabo eran inmigrantes musulmanes radicalizados a sí mismos en el contexto de la contienda iraquí por entonces en curso.

Tanto los implicados como su entramado, despectivamente retratados en España como “moritos de Lavapiés” serían exponentes, en definitiva, de lo que se denominó “una yihad sin líder”. Pues bien, la evidencia que proporciono en ¡Matadlos! refuta sobradamente esa interpretación del 11-M, tanto respecto a las características de los actores individuales y colectivos que estuvieron detrás de lo sucedido como al verdadero porqué de la decisión de atentar en España. La matanza en los madrileños trenes de Cercanías fue, en realidad, una expresión temprana a la vez que compleja de las capacidades con que podía llegar a contar Al Qaeda en Europa occidental dos años y medio después del 11-S.

Condiciones favorables

Pero si los terroristas pudieron cumplir su venganza y llevar a cabo la matanza en los trenes de Cercanías, pese al conocimiento previo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tenían de una sustanciosa porción de quienes pertenecieron a la red del 11-M e incluso al seguimiento al que habían sido sometidos algunos de ellos, fue porque se dieron varias condiciones favorables. Para empezar, los desajustes judiciales, el limitado conocimiento sobre el nuevo terrorismo internacional por parte del ministerio público durante demasiado tiempo y la inexistencia de una legislación adecuada para abordar los desafíos de dicho fenómeno global, hicieron posible que distintos individuos vinculados a células y grupos yihadistas en nuestro país, como la de Abu Dahdah, eludieran su detención o condena para terminar implicándose en la preparación y ejecución de los atentados de Madrid. Y es que las disposiciones sobre delitos de terrorismo que contempla el Código Penal no se modificaron, para mejor corresponder a las características y manifestaciones del actual terrorismo yihadista, hasta diciembre de 2010, más de nueve años después del 11-S y transcurridos casi siete desde el 11-M.

Por otro lado, los terroristas del 11-M mostraron una gran habilidad, a buen seguro derivada de la capacitación que algunos de ellos había adquirido en campos de entrenamiento de Al Qaeda en Afganistán, a la hora de preservar la naturaleza de sus intenciones. Por ejemplo, comunicándose entre sí mediante un uso del correo electrónico o de la telefonía móvil hasta entonces desconocido no solo para la policía o los servicios de inteligencia españoles sino también para otros europeos y occidentales en general. En cualquier caso, una coordinación —no ya óptima sino a la altura de las auténticas necesidades— entre las correspondientes secciones del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil dedicadas a la lucha contra el terrorismo yihadista, el tráfico de drogas y el comercio ilícito de sustancias explosivas, muy probablemente hubiese permitido cruzar datos, hacer sonar las alarmas y desbaratar los preparativos para perpetrar los atentados de Madrid.

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Pero no fue hasta mayo de 2004, dos meses después del 11-M y transcurrido más de un cuarto de siglo desde que la democracia española hacía frente al terrorismo de ETA, cuando se hizo realidad el hasta esos momentos inexistente acceso conjunto y compartido a las bases de datos policiales para ambos cuerpos con competencias antiterroristas en todo el territorio nacional, al tiempo que se fundó el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA).

Tampoco la cooperación intergubernamental en relación con la amenaza del terrorismo internacional —aunque se habían registrado avances desde los atentados del 11-S y era un campo al que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado venían prestando una cuidadosa atención, en especial por lo que se refiere a la Comisaría General de Información (CGI), contribuyó a impedir los atentados de Madrid como sí permitió frustrar los planes para perpetrar un segundo 11-M a inicios de 2008 en el metro de Barcelona. Pese a que los directa o indirectamente implicados en los atentados de Madrid eran extranjeros, residentes o no en nuestro país, sobre todo marroquíes, un buen número de ellos eran conocidos por las agencias de seguridad de sus países de origen e incluso algunos destacados integrantes de la red del 11-M fueron detenidos o investigados, antes de que se iniciara su formación o durante el proceso, en Francia, Reino Unido, Marruecos o Turquía. Pero del mismo modo que una Comisión Rogatoria internacional dirigida a las autoridades de este último país demoraba su tramitación en exceso, haciendo posible que Said Berraj no fuese detenido por pertenencia a la célula de Abu Dahdah y se convirtiera en uno de los terroristas del 11-M, los servicios antiterroristas marroquíes no trasladaron indicio alguno en base al cual sospechar de lo que se estaba preparando en España, pese a que en 2003 detuvieron al iniciador de la red del 11-M, Mustafa Maymouni, y a que las autoridades turcas entregaron ese mismo año a las de Rabat a Abdelatif Mourafik, quien inicialmente le transmitió las instrucciones de Amer Azizi desde Pakistán.

Una sociedad vulnerable

Sería un error, en otro sentido, ignorar que buena parte de los individuos implicados en la red del 11-M eran también conocidos, en el seno de la colectividad musulmana residente en Madrid, precisamente por el extremismo de sus actitudes y creencias religiosas. Tampoco resultaría acertado obviar el hecho de que fueron bastantes quienes en el seno de las mismas, acudiendo regularmente a lugares de culto islámico y teniendo contacto con sus responsables, en algún momento tuvieron razones para pensar que entre sus conocidos o amigos había quienes estaban preparándose para cometer atentados, dentro o fuera de España. La justificación que a menudo se hace del terrorismo en esos ámbitos, dependiendo de dónde, contra qué blanco o con qué propósito se ejecute un atentado, o la pretensión de que la lealtad basada en la pertenencia a una misma religión está por encima del respeto al Estado de Derecho y a la convivencia democrática, no son excusa para incumplir el deber de informar a las autoridades del país en que habitan. Estremece que, aún dos años después de la matanza en los trenes de Cercanías, un 16% de los musulmanes residentes en España exhibían actitudes positivas hacia los atentados contra civiles en supuesta defensa del islam o hacia el entonces líder de Al Qaeda, Osama bin Laden.

A diferencia de lo que ocurrió en el Reino Unido tras los atentados suicidas del 7 de julio de 2005 en Londres, la matanza del 11-M dividió a los españoles, incluso dividió a las víctimas de la matanza en los trenes de Cercanías y a sus familiares. Cabe asociar esta lacerante realidad a tres factores. En primer lugar, a la ausencia de un mínimo de sensibilización colectiva previa acerca de la amenaza que el terrorismo yihadista, además del de ETA, suponía para España y los españoles desde mediados los años noventa; en segundo lugar, a una cultura política en sí misma proclive a la polarización; en tercer lugar, a la ausencia de consensos de Estado en sectores fundamentales para las instituciones representativas, la sociedad civil y el conjunto de los ciudadanos, como la política exterior, la política de defensa o la propia política antiterrorista. Hay lecciones todavía por extraer de las consecuencias que acarrearon los atentados de Madrid, en el ánimo de edificar una sociedad española menos vulnerable a la par que más consciente y resiliente ante desafíos del actual terrorismo global que bien pueden derivar, como en el 11-M, de la venganza.

Fernando Reinares es catedrático de Ciencia Política y Estudios de Seguridad en la Universidad Rey Juan Carlos, e investigador principal de Terrorismo Internacional en el Real Instituto Elcano. Galaxia Gutenberg acaba de publicar su libro ‘¡Matadlos! Quién estuvo detrás del 11-M y por qué se atentó en España’.

– Especial EL PAÍS

El olvido es el túnel donde mueren los trenes.

En el olvido dejan de oírse las campanas,

se mira hacia otro lado, se ciegan las ventanas,

se toma a la justicia y a la luz de rehenes.

El olvido es un viento que engaña a las banderas;

una mano que borra los nombres de los muros;

un país donde sólo hay memoria o futuro

y algunas fotos lloran dentro de las carteras.

El olvido es un libro con las hojas en blanco;

es donde el egoísta celebra su victoria.

El olvido es un perro que da vueltas a un banco.

El olvido es robarle las llaves a la historia.

– Poema Benjamín Prado

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Bakerantza

prison peace

De paz por presos, a paz por nada

Por José María Calleja

Hubo un tiempo, primeros noventa, en el que los presos de ETA reivindicaban su derecho a cumplir íntegras sus condenas. Un tiempo de grasiento dominio de lo colectivo, en el que las soluciones individuales eran traición. Un tiempo de calor de establo, cuando creían aún en la victoria, y los presos de la banda soñaban con una amnistía triunfal y para todos a la vez.

Los abogados de la banda decían a los presos que se negaran a acogerse a las vías individuales de redención de penas, que les hubieran puesto en la calle sin agotar la condena. El miedo que ETA sembraba en toda España a base de asesinatos, también paralizaba a los presos disidentes, que no se atrevían a salir del rebaño por temor a que la banda les asesinara —como le ocurrió a Yoyes— o por miedo a sufrir rechazo social al volver al pueblo, unidad de medida de pureza revolucionaria.

Si en los años noventa un miembro de la banda hubiera dicho que los presos de ETA tenían que reconocer el daño causado, asumir la ley penitenciaria de un Estado calificado por ellos como opresor, romper el colectivo de presos y recorrer una vía individual pequeño-burguesa para acogerse a los beneficios penitenciarios y salir a la calle, los mismos que hoy han reconocido todo lo anterior, le hubieran asesinado.

La historia de la banda terrorista ETA es la historia de una organización que se ha pasado la vida matando y llegando tarde. Matando también a los miembros de la propia banda (asesinato de Pertur) que llegaron con antelación a las conclusiones en las que hoy están los que han hecho durante años del asesinato una forma de vida.

Kepa Pikabea —24 asesinatos, dos secuestros, 30 años de cárcel en su currículum, expulsado de la banda—, reconoce que la estrategia de asesinar ha sido “inhumana y cruel” y que “hemos cometido muchos actos contra la dignidad humana”. (La luz al final del túnel– ‘Bakerantza’, documental de Eterio Ortega). Al final, cuarenta años de crímenes, secuestros, extorsiones, siembra de odio y miedo, no han servido para nada, decimos cada vez más.

Es duro el balance político y el balance personal. Después de asesinar a diez, quince, veinte personas, después de pasar más de media vida en la cárcel, se llega a la conclusión de que todo eso no ha servido para nada, de que Euskadi podría estar en el mismo nivel político que tiene hoy sin haber apilado casi mil cadáveres.

La reciente declaración del colectivo de presos etarras supone un certificado explícito de la derrota de la banda. Dos años después de que la dirección de ETA anunciara, en octubre de 2011, que no se producirían más asesinatos y asumiera su derrota, lo hacen ahora sus propios presos. Posiblemente, esta declaración se produce también porque hoy la banda esta encarcelada y solo unas decenas de etarras están en la calle, esperando a ser detenidos.

ETA ha pasado, en pocos años, de negarse a aceptar paz por presos, porque exigía la independencia y creía que la lograría doblegando al Estado, a la paz sin libertad para los presos. Medio millar de miembros de ETA siguen en la cárcel sin que ETA haya logrado ni uno solo de sus objetivos. Ni uno.

En unos años hemos pasado del Amnistia Osoa (Amnistía total), al “sálvese quien pueda” de las medidas individuales, a una reinserción que se promueve y que ya no se califica de traición. Lo colectivo ha dejado paso a lo individual. Todo ello sin la menor concesión política por parte del Estado. Todo ello sin haber logrado ni un solo punto de la manida alternativa KAS, los mandamientos por los que ETA asesinaba —¿se acuerdan?— y que ahora ni los propios etarras se atreven a mentar para no caer en el ridículo.

A la otrora denominada “vía armada”, reclamada con orgullo por generaciones de etarras como necesaria, urgente y revolucionaria, se la despacha ahora con un escueto “método” que, si bien no reconoce la dimensión del destrozo, huye de la retórica liberadora y asume implícitamente el fracaso.

ETA presos map

Lo que hizo ETA (p-m) en los años ochenta: negociar la vuelta a España de sus integrantes, organizar la rendición, incorporarse a la política renunciando a usar la violencia, —todo ello sin haber alcanzado ni uno solo de sus objetivos—, lo está haciendo ahora ETA (m) ¡con treinta años de retraso! Con treinta años de retraso y después de haber ensangrentado el país. Este es su nefasto balance. No deja de ser significativo que Arnaldo Otegi, que fue de ETA p-m, esté ahora proponiendo el fin de la violencia desde la cárcel.

Estamos a un rato de que ETA entregue sus armas, un gesto que tendrá un efecto simbólico y supondrá otro reconocimiento de la liquidación por cese del negocio de matar. Será otro certificado más que acreditará, como lo ha hecho el comunicado de los presos, que ETA se rinde sin conseguir ni uno solo de los objetivos por los que hace más de cuarenta años empezó a asesinar. Será otro gesto que acreditará el final de la violencia, un paso más en una banda que, después de cuatro décadas de asesinatos, solo ha conseguido muerte, terror y sufrimiento.

TXORIA TXORI

Hegoak ebaki banizkio
nerea izango zen,
ez zuen aldegingo.
Bainan, honela
ez zen gehiago txoria izango
eta nik…
txoria nuen maite

Si le hubiera cortado las alas
habría sido mío,
no habría escapado.
Pero así,
habría dejado de ser pájaro.
Y yo…
yo lo que amaba era un pájaro

Música- Mikel Laboa y El Orfeón Donostiarra

Ilustración- Emiliano Ponzi

Humor- Peridis

eta rajoy

+ info- en Euskadi en PAZ

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Too big to fail

Bankster

Por Ernesto Ekaizer

Parece que fue Ferdinand Pecora quien acuñó el americanismo bankster, un vocablo que recoge la palabra banker (banquero) y gangster (gánster). Pecora, nacido en Sicilia, terminó la carrera de abogado y trabajó como adjunto en la Fiscalía de Nueva York. En 1933, el Senado buscaba un profesional insobornable y le nombró abogado principal del comité de Banca para interrogar a los principales banqueros. Se investigaba las causas del crash de 1929 en Wall Street, antesala de la Gran Depresión. A raíz de la gran crisis financiera o Gran Recesión de 2008, el término banksters volvió a las páginas de diarios y revistas.

¿Adónde nos lleva esta pequeña historia? A los veinte años de la destitución de Mario Conde, conviene recordar por qué fue intervenido el Banco Español de Crédito (Banesto). Y la razón que desencadena la intervención no fue la hipotética sospecha de que los administradores estaban perpetrando el robo del banco. Existían indicios de operaciones irregulares, sí, y así lo hizo constar la supervisión y el expediente disciplinario abierto por el entonces banco emisor. Pero estos indicios solo pudieron aflorar con mayor evidencia una vez que Conde y su equipo fueron expulsados de la entidad.

mario condeMario Conde el día en el que le notificaron su entrada en prisión.

Lo que sí determinó la intervención fue el hecho de que tras una carrera alocada de competencia con el Banco Santander por ganar cuota del mercado, Banesto quedó exhausto. Un banco cae siempre por problemas de liquidez. Y el mercado interbancario que le daba liquidez a Banesto, para evocar un hecho que, como sabemos, es el inicio de la crisis actual, se endureció y le castigó duramente. Sin liquidez y con sus tripas llenas de créditos malos, incobrables, por la mala gestión, Banesto se convirtió en un peligro para el sistema financiero español.

Como era too big to fail, otra similitud con los problemas actuales, es decir, demasiado grande para quebrar a su aire, estilo Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008, el Banco de España intervino con la intención de sanearlo y venderlo más tarde. Pero en el proceso de saneamiento, emergieron con mayor detalle datos sobre unas operaciones con indicios de delito. Y fueron puestos en conocimiento de la justicia. La fiscalía de la Audiencia Nacional presentó una querella por apropiaciones indebidas, estafas y artificios contables. En total, unos 7.200 millones de pesetas o 43,2 millones de euros.

Salvo en un caso, la llamada operación de los warrants de la sociedad Carburos Metálicos, donde se evaporaron 1.344 millones de pesetas (8,4 millones de euros), Mario Conde y Arturo Romaní no se revelaron como avezados banqueros de rapiña. Fue, más bien, un abuso de poder, un robo de la caja. Eso se deduce de operaciones como el pago de 600 millones de pesetas (más de 3,7 millones de euros) a Argentia Trust, domiciliada en las islas Saint Vincent, en el Caribe, por motivos inconfesables (aunque no se los quedara Conde en su bolsillo, como puso de relieve la sentencia del Tribunal Supremo), o la extracción de 300 millones de pesetas (1,87 millones de euros) en dos tacadas que, según instrucciones de Conde, fueron entregados en bolsas de deporte a Adolfo Suárez, hecho que el expresidente negó en el juicio oral. Una parte del dinero robado se pudo recuperar y compensar.

Pero donde Conde exhibió de manera más espectacular su práctica de bankster fue en su operación de chantaje en toda regla sobre el Gobierno de Felipe González en 1995. El exbanquero consiguió tener bajo control las 1.200 microfichas del entonces CESID (Centro Superior de la Información de la Defensa) sobre temas de la guerra sucia contra ETA, robadas por el coronel Juan Alberto Perote. González recibió al abogado de Conde y de Perote, Jesús Santaella, en La Moncloa. Pero la operación fracasó. Ni el juez Manuel García-Castellón fue apartado de la investigación ni Conde obtuvo los 14.000 millones de pesetas que pedía por silenciar el asunto.

Una historia de banksters.

© Iñigo Ortiz de Guzmán

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Política bajo mínimos

mundo justo

Otra democracia

Por Ignacio Escolar

“¿Tú sabes cómo hizo Adolfo Suárez para lograr que las Cortes franquistas votasen su disolución?” La anécdota me la cuenta un veterano periodista. Dice que se la explicó el propio Suárez, en una cena privada, años atrás. “Se puso de acuerdo con varias embajadas, con la de Estados Unidos, la de Reino Unido, la de Israel… Les pasó una lista de los procuradores en Cortes más difíciles de convencer, los más duros, los que podían arrastrar al resto. Los embajadores les fueron invitando a viajes con su familia en el extranjero para conseguir que ninguno de ellos estuviese en el Parlamento el día en que Suárez planeaba convocar la votación. Lo consiguió. Casi todos picaron y se fueron de viaje. La ley para la reforma política salió adelante por mayoría, pero hubo unos cuantos procuradores que no llegaron a votar”.

La anécdota probablemente sea buena. No la he podido comprobar, pero es verdad que hubo un importante número de procuradores franquistas que no estaba en las Cortes aquel día; solo votó el 77%, según el boletín de las Cortes. Sea cierta esta historia, sea una exageración de Suárez o del periodista que me la contó, define a la perfección el mito de la Transición (sin pecado concebida): cómo España logró, contra pronóstico y por una suerte de batallitas, hazañas y heroicidades, pasar de la dictadura a la democracia por consenso y sin violencia.

El mito fundacional es falso por dos razones: porque hubo violencia, y mucha: más de 700 muertos, como recuerda en esta misma revista Ignacio Sánchez-Cuenca. Y porque lo verdaderamente inusual habría sido que España hubiese continuado siendo por mucho más tiempo una dictadura, la única de su tiempo en toda Europa occidental. ¿De verdad el rey Juan Carlos y el resto de los protagonistas de la transición tenían otra opción que transformar ese régimen caduco y anacrónico en una democracia europea más o menos como las demás? ¿Realmente había otra alternativa para las élites españolas cuando incluso Portugal había llegado a la democracia, en condiciones mucho más difíciles y con una economía menos desarrollada? ¿En serio hay que agradecer al rey que no se sumase al golpe de Estado del 23-F que, con sus desprecios a Suárez, había contribuido a engordar? ¿Es el modelo político, económico y cultural que parió aquella Transición el fin de la historia? ¿No hay nada más? ¿Acaso la Constitución bajó en unas tablas del monte Sinaí y es un texto sagrado que solo se puede tocar cuando lo ordena el BCE?

Aquel sistema democrático que nació de la Transición ha sido un éxito para España. Pese a sus muchos defectos, pese a la crisis actual, las tres décadas que vinieron después son, de largo, el periodo más próspero de nuestra historia. España no es lo que era, en la mayor parte de los casos para mejor. Incluso si nos comparamos con la terrible situación actual, en estos 35 años se ha avanzado en igualdad, en renta media, en acceso a la educación, en prosperidad… Pero el modelo sin duda está marchito y no es solo culpa de la depresión económica y ese abismo del paro en el que nos encontramos tras la resaca de la burbuja del ladrillo. Aunque la economía se recupere –si es que tal milagro se produce antes de 2018, que es la fecha que hoy pronostica el FMI para el fin de esta pesadilla–, hay otros problemas que no se van a resolver esperando que se arreglen solos sin más.

La España de las Autonomías es una fórmula agotada, incapaz de encajar ese país de “nacionalidades y regiones” del que habla la Constitución, un eufemismo con el que se quiso emboscar la realidad de un Estado plurinacional. La monarquía está tocada. No es solo por el talonmanista Urdangarin: también se ha roto el tabú sobre la figura del rey y hasta se habla de sus negocios y sus “amigas entrañables” en horario de máxima audiencia en televisión. El sistema bipartidista hace agua: nunca antes los dos grandes partidos han estado tan cuestionados ni ha sido tan baja su imagen en las encuestas. Solo un político recibe un suspenso mayor que el presidente del Gobierno peor valorado de la historia de la democracia: su supuesta alternativa, el líder de la oposición.

La corrupción dinamita la credibilidad de todas las instituciones, desde el Ejecutivo, hasta la Casa Real, hasta el Poder Judicial. Y los recortes, que imponen organismos por encima de nuestros ámbitos de soberanía –por encima del propio Parlamento–, están debilitando un Estado del bienestar español que aún estaba por terminar. La combinación de todos estos factores crea una enorme falla ciudadana; un divorcio que gestiona un Gobierno con una sólida mayoría absoluta en el Congreso, pero con un menguante apoyo social.

Sin duda estamos ante un cambio de régimen. Si esto fuese Francia, pasaríamos de la cuarta a la quinta República. Como esto es España, el resultado es más difícil de pronosticar. ¿Un estallido social violento? Parece improbable. Como argumenta Nicolás Sartorius, España es un país vacunado contra la violencia por los históricos fracasos de todos los intentos de lucha armada del pasado siglo: ETA, el maquis antifranquista o el terrorismo anarquista. ¿Un nuevo liderazgo político? No se vislumbra, aunque casi mejor que no aparezca si la solución es un Berlusconi español. ¿Una regeneración en los grandes partidos? Llegará, más tarde o más temprano, pero probablemente solo con eso no bastará.

De una manera u otra, la situación es tan insostenible que solo puede cambiar. Los años de la crisis van a ser el catalizador de un nuevo régimen, de un nuevo acuerdo social. Al igual que el periodo 1979-1982 configuró unas estructuras políticas, económicas, mediáticas y culturales que han sido hegemónicas durante las siguientes tres décadas, la actual gran recesión española acabará transformando el país, aún no sabemos si por reforma o por ruptura.

La única certeza del nuevo régimen es una palabra: democracia. Nadie pide otra cosa. Otra democracia mejor, más transparente, más avanzada, más participativa y más limpia. Las encuestas demuestran (ver infografía en página 70) que el apoyo a la democracia ha crecido en estos 35 años. Sin embargo, la palabra democracia no significa lo mismo para toda la sociedad. No todos la ven igual. Los estudios del CIS demuestran que para las personas de mayor edad, democracia equivale a prosperidad económica. Ligan el concepto a lo material, y están dispuestos a aceptar cierto nivel de corrupción o de injusticia si a cambio se garantiza el bienestar. Es la democracia del régimen de la Transición. Sin embargo, para los jóvenes, democracia es algo relacionado con los valores: con la participación, con el respeto, con ser escuchados, con la justicia, con la honestidad… Es algo sentimental, tal vez utópico. Pero si algo demuestra la historia es que los jóvenes, a la larga, siempre tienen todas las cartas para ganar.

Escolar.net

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Acerca del 11M

Hace casi un año que la conspiración del 11-M quedó definitivamente quebrada, aunque los conspiradores jamás lo admitirán.

Fue a finales de marzo de 2011, cuando el exminero José Emilio Suárez Trashorras presentó su recurso de apelación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En su escrito, Trashorras admite lo que no confesó ante la Audiencia Nacional, lo que demostraban todas las pruebas: que fue él quien robó la dinamita de Mina Conchita y quien después vendió esos explosivos al grupo islamista que cometió los atentados. No busquen esta información en El Mundo.

Nunca la publicó.

Trashorras en su recurso incluso pide perdón a las víctimas del atentado por “no haber prestado la colaboración necesaria” a la Justicia. En su confesión, tira por tierra toda la conspiración del 11-M: si el explosivo salió de Mina Conchita, si la compraron los islamistas, ¿qué más da que hubiese rastros de dinitrotolueno –probablemente por impurezas en la fabricación– en la Goma 2 ECO?

La última declaración de Trashorras también pone en su sitio ciertas exclusivas de El Mundo. La hemeroteca siempre deja en evidencia las mentiras. Solo hay que echar un vistazo a las portadas de septiembre de 2006, las declaraciones del mismo delincuente que ahora admite su papel en el atentado y que entonces confesaba al diario de Pedro J. Ramírez misteriosas conexiones con ETA y la Policía. Todos eran culpables. Todos, salvo él.

“Mientras El Mundo pague, yo les cuento la Guerra Civil”, dijo el propio Trashorrras a sus padres en una conversación desde la cárcel, previa a esa entrevista donde, en efecto, cantó las batallitas que El Mundo quería escuchar. Que sea ahora este mismo diario el que acuse a los sindicatos y a Pilar Manjon –portavoz de la asociación mayoritaria de las víctimas del 11-M– de utilizar el atentado contra el Gobierno a cuenta de la reforma laboral es solo una indecencia más. Hace bueno este famoso verso de Machado: “El más truhán se lleva la mano al corazón”.

Siempre es así.

 

 

 

 

 

 

Por Ignacio Escolar

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