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Casa Real, S.A.

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Mediana, demócrata y mujer: las tres cruces de Cristina de Borbón

Por Marta Peirano

Cada vez que un niño dice que no cree en las hadas, muere un hada en algún sitio. Cuando un país entero deja de creer en las princesas, nace una cuenta en Suiza. Decía Boris Izaguirre que todo empezó a ir mal “cuando Iñaki y Cristina se compraron una casa en Pedralbes, el mejor barrio de Barcelona, por 7,5 millones de euros, y la gente empezó a preguntarse cómo podían permitírsela”. Pero la crisis de Cristina Federica de Borbón empezó el día que España se convirtió en democracia. O lo que es lo mismo, la culpa de todo lo que le ha pasado la tiene su padre, don Juan Carlos I, sumajestad. La Infanta Cristina tiene tres cruces: nació mediana, demócrata y mujer. Su padre quería regentar una monarquía moderna como la danesa, pero no tan moderna como para que fuera segunda en la cola del trono en lugar de la séptima. La Constitución Española dice que en el trabajo no puede hacerse discriminación de sexo, pero la línea sucesoria aún “prefiere el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer”. Ojito, Leonor. Un descuido y te vas fuera.

El Rey obligó a sus hijos a crecer en un pabellón de caza lleno de tojos con nombre de opereta y también a estudiar. Y Cristina fue a la universidad pública y hasta abrazó la vanguardia convirtiéndose en el primer miembro de la familia real con un título universitario, casándose con un atleta olímpico y consiguiendo un trabajo en la Obra Social de la Fundación La Caixa. Todas las estrellas parecían bien alineadas cuando las monarquías democráticas empezaron a fliparse con plebeyas como Kate Middleton, Mette-Marit de Noruega y Mary de Dinamarca. La infanta Cristina, tataranieta del káiser Guillermo II de Prusia, descendiente del Rey Sol y de la reina Victoria de Inglaterra, se había quedado atascada entre Downton Abbey y Jersey Shore.Cuando una periodista divorciada que no notaría una lenteja bajo siete colchones ni aunque viniera envuelta en alambre de púas se convirtió en reina, su única esperanza era el nº 11 de la calle Elisenda de Pinós.

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Pedralbes (2004-2009)

La casa era irresistible, apropiada y se compró. Costaba casi tanto como la partida entera que el estado destinaba ese año a la Casa del Rey, 7,78 millones a repartir entre todos sus miembros. Pero ¿qué significa el dinero en un barrio como Pedralbes, donde todos los caminos van a la clínica Planas, cuando la familia Urdangarin vivía ya apretujada en un mísero apartamento de 300 metros cuadrados con tres hijos y los criados? La finca tenía más de 2.000 metros cuadrados, dos casas, tres plantas, diez baños, siete dormitorios, gimnasio, piscina y jardín. Cristina cobraba 1.800 euros por solucionar el hambre en el tercer mundo, Iñaki tenía dinero ahorrado y empezaba a hacerse un nombre con las consultorías deportivas. La hipoteca de más de 20.000 euros mensuales se iría sacando de aquí y de allí. Solo tenían que arreglarla.

Cuando quisieron venderla pidieron 9,8 millones y les llamaron especuladores. Otra injusticia más, porque a los casi seis millones de la compra y los casi tres del arreglo, hay que sumarle al menos uno de sufrimiento. Los herederos del arquitecto Jose María Villalonga dicen ahora que los duques estropearon la finca pero había que ver cómo la dejaron: todas las ventanas, puertas y tuberías estaban podridas o rotas. El abogado Mario Herrera, su último inquilino, se calentaba las rodillas con estufas de gas. Había humedades, hongos y gotelé.

Las facturas de Aizoon del verano de 2008 de lugares como el Arlberg Hospiz del Tirol (6.627 euros), el Albergo S. Chiara de Roma (7.260 euros) o el Pestana Kruger de Sudáfrica (1.323,35 euros) o las tres noches en el Marqués de Riscal, en la Rioja Alavesa (1.573,54 euros) solo demuestran una cosa: los Urdangarin no tenían casa porque la suya estaba en obras. Mientras tanto, Felipe y su periodista estrenaban chimenea francesa, ventanas de suelo al techo, muros entelados y mármol travertino en el pabellón del Príncipe. Las obras de Pedralbes empezaron en 2004 y, cuando estaban casi acabando, se tuvieron que ir. Iñaki recibió una oferta de trabajo que no podía rechazar.

Washington (2009 – 2012)

Urdangarin no mentía cuando le dijo al juez que no recordaba muy bien lo que ganaba como directivo de Telefónica Internacional en Washington. Pensó que eran unos 350.000 euros al año y resultaron ser 1,4 millones. Pero ¿cómo va a saber un duque lo que le paga una multinacional? ¿O lo que cuesta un polideportivo? Los miembros de la Casa Real tienen preocupaciones más elevadas. Acusar a una Infanta de defraudar a la Seguridad Social por no saber si un miembro del servicio es doncella, telefonista o auxiliar administrativo, o por usar la tarjeta que no debe es absurdo. “La Infanta nunca ha ido a renovarse el pasaporte o el DNI, así que es muy normal que no entendiera los detalles de cómo funcionaba su empresa”, decía Kyril Saxe-Coburg en una entrevista al Vanity Fair. Como Miss America, el objetivo de la Infanta Cristina era y ha sido siempre conseguir la paz en el mundo y tener su propio apartamento. Y el de su marido era abrirle a Telefónica las puertas de EEUU y América Latina, un trabajo que un deportista está especialmente preparado para realizar.

En democracia la realeza trabaja, pero por prestigio y generosidad, nunca por los beneficios económicos que se puedan derivar de sus actividades. Nada podían saber los duques de contratos y facturas. Telefónica ya se ocupaba de pagar, incluyendo el alquiler de 7.500 euros mensuales o los 16.000 euros por cabeza que costaba el colegio privado de sus cuatro hijos. Naturalmente, los niños pasaron del Liceo Francés de Barcelona al Lycée Rochambeau de Bethesda, para no perder el francés. Prueba de la satisfacción de la empresa con su presidente del Comité de Relaciones Institucionales es que, medio año después de declarar ante el juez Castro, Telefónica renovó el contrato con Urdangarin, incluyendo el blindaje de 45 millones de euros en caso de cancelación. Cuando, en el verano de 2012, el duque pidió su excedencia temporal lo hizo por iniciativa propia y no porque se lo mandara Fernando de Almansa, el entonces jefe de la Casa del Rey, como han dicho las malas lenguas.

La casa de Leland Street era bonita, el barrio estaba bien. El único negro que habían visto los niños fue Barack Obama, cuando venía a visitar a gente como el periodista George Will. Pero tenía solo siete habitaciones y cuatro baños; hay que imaginarse lo que era aquello cuando juntaban a los cuatro niños con los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Porque España todavía invierte cuatrocientos mil euros anuales en proteger a los Urdangarin, repartidos en cinco policías que cambian cada tres meses, con sueldo, casa y dietas. Al principio, lo peor era no poder volver a casa porque se la habían alquilado a un amigo de Don Juan Carlos, el príncipe Sheik Hamed ben Hamed al-Hamed, por 36.000 euros mensuales. Después de la imputación de Iñaki, ya no pudieron volver a ningún sitio. Por eso se fueron a Aspen, donde no les conocía nadie. Pasar la nochevieja esquiando, bebiendo ponche y comiendo pavo relleno con arándanos puede costar el equivalente al producto interior bruto de un país pequeño, pero proteger a tu familia de la vendetta de una sociedad que ha perdido los valores, eso no tiene precio.

Fue a Aspen donde el Rey don Juan Carlos mandó a Fernando de Almansa, que además de jefe de su casa era vizconde del Castillo de Almansa y consejero de Telefónica, para pedirles que tuvieran un cariño con la institución y renunciaran a sus derechos dinásticos. Cuando eres la séptima, pensarían, qué más te da. Llegó con el secretario general de la empresa, Ramiro Sánchez de Lerín y Cristina los mandó de vuelta con cajas destempladas. Como castigo, el Rey aprovechó su penúltimo discurso navideño para decir que “cualquier actuación censurable deberá ser juzgada” y que “la Justicia es igual para todos”. Que tiene gracia, siendo como es el único exento en esta monarquía tan moderna donde “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”.

Las navidades pasan y el círculo se cierra, pero Cristina no quiere renunciar ni divorciarse. Los únicos miembros de la familia real que les hablan son la Reina Sofía y la Infanta Elena. A finales de agosto de 2012, Iñaki Urdangarin hace público un comunicado: “Ante la posibilidad de que el procedimiento judicial abierto y en el que estoy incurso pudiera tener alguna incidencia negativa para el Grupo Telefónica (…) he decidido solicitar a la compañía una excedencia temporal, la suspensión de mi contrato y de mis funciones”.

Dicen que César Alierta le había fichado sin ganas y que estaba esperando la llamada de Almansa para desficharle sin más. Iñaki dijo que era temporal y que “regreso de Washington a Barcelona con la intención de volver a desarrollar con la compañía nuevas actividades en el futuro”. Así es como la Infanta, su marido y sus cuatro hijos volvían a la casa de sus sueños. Solo que Washington había sido una burbuja. De vuelta en Barcelona, los Duques se encontraron con un muro de franca hostilidad.

Pedralbes (agosto de 2012- agosto de 2013)

No podían salir de casa sin que alguien los llamara chorizos. La gente se agolpaba en la puerta del cine y los restaurantes para increparlos al salir. La prensa se escondía bajo los coches, en los arbustos, para fotografiarlos. Los vecinos de Pedralbes prohibieron a sus hijos relacionarse con los Urdangarin. La familia real se había cerrado como una ostra. Ese verano, Cristina tuvo que cambiar las queridas playas de Palma por las de Bidart, que en lugar de veleros tienen surfistas y terrazas con menú del día; y el Palacio de Marivent por la casa de su suegra. La única familia que tenía era ahora el clan Urdangarin Liebaert.

Hasta la tradicional comida de Navidad se celebró aquel año en Vitoria, en el restaurante Felipe, mientras que el otro Felipe leía el evangelio en la Zarzuela con su mujer, sus majestades eméritas, la infanta Elena, las hermanas de Don Juan Carlos, la tía Irene de Grecia y todos los sobrinos y nietos de don Juan Carlos menos cuatro. En enero de 2013, la foto del Príncipe Felipe ignorando a sus sobrinos durante la final del mundial de balonmano en el Palau de San Jordi dio la vuelta al mundo en un segundo. En abril de 2013, la Infanta volvió a modernizar a la monarquía española convirtiéndose en el primer miembro de la familia real en ser imputada por un juez.

A la ignominia del juez Castro y se le sumó una venganza que, como es natural, hizo llorar de felicidad a un pueblo sediento de sangre. Dos meses después de la imputación, el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, filtraba unos correos personales del duque cuyo contenido conocemos todos. La Infanta supo, pocas horas antes de que se enterara España, que su marido había cambiado la llama olímpica por el fuego de un hogar ajeno. O no tan ajeno, porque implicaba al mejor amigo del duque, testigo de su boda y compañero en el FC Barcelona.

En el ínterin, el resto del mundo supo también lo que pensaba Urdangarin de su cuñada, la princesa Leticia, de su suegra y de los Aznar. Con la cabeza alta y el corazón roto, Cristina se mudó con la familia a Suiza, donde la renta per cápita es la cuarta del mundo y ser paparazzi es ilegal. Iñaki se quedó en Barcelona para vender la casa.

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Ginebra (agosto de 2013)

Isidre Fainé, presidente de Gas Natural Fenosa y de La Caixa y su jefe durante años, había mandado a Cristina a Ginebra con un sueldo de 238.000 euros brutos al año y todos los gastos pagados, incluyendo casa, dietas y colegio. Pero, con los bienes embargados y dos fianzas pendientes de 14.957.262 y 2,7 millones de euros cada una, no quedaba otra salida que el pluriempleo. Quiso la suerte que uno de los mejores amigos de su padre, el príncipe Karim al-Hussayni, necesitara urgentemente una asesora para la Fundación Aga Khan. Dicen que cobraba unos 300.000 euros por coordinar las iniciativas filantrópicas de la Fundación y de la Aga Khan Trust for Culture, pero el dato no ha sido confirmado de manera oficial. Como cualquier mujer que consigue un trabajo (o dos) en plena crisis, Cristina celebró la nochevieja en el Intercontinental Le Grand de París con su familia y con veinticinco de sus amigos más cercanos. La cena en el Café de la Paix, a 500 euros por barba, despertó la ira de los envidiosos, que en los meses siguientes también criticaron sus estancias en el exclusivo Adlon de Berlín y sus vacaciones en La Toscana. Le recriminaban a la Infanta seguir viviendo a todo trapo cuando poco antes había pedido una rebaja de su fianza, cosa que el juez le había negado, atentando gravemente contra su derecho de defensa y contra su dignidad real. Pero no fue por no poder pagarla. Era un problema de contrición.

Consideraba el juez Castro que Cristina de Borbón no merecía la rebaja porque no había mostrado ni culpa ni arrepentimiento. “Nunca se ofreció voluntariamente a dar su versión de los hechos; que incluso antes de su inicial convocatoria judicial se negó a hacerlo hasta que a su estrategia procesal le convino lo contrario; y que en su declaración, a la que se llegó con gran esfuerzo, no se advirtió el más mínimo reconocimiento de los hechos, ni tan siquiera a título de error o imprevisión, actitudes que son totalmente legítimas en el marco jurídico, pero escasamente afines a la de quien dice haberse prestado a reparar un daño”. Esta era la clase de mezquindad a la que se enfrentaban los duques. Todo empeoró con la abdicación del Rey.

De Juan Carlos I a Felipe VI

Decía Woody Allen que lo bueno de ser pobre es que puedes cumplir los 70 sin que tus hijos te declaren incompetente mental para poder quedarse con tu patrimonio. Al pobre don Juan Carlos le retiraron por rico, por rey y por haber querido una democracia moderna en un país que no lo era. El Rey será inviolable pero tuvo que abdicar cuando mejor se lo pasaba, disparando elefantes en Botsuana con su amiga Corinna, y todo porque se rompió la cadera, vaciló en un desfile y a su yerno favorito se le daba mejor la pelota que los números. Cuando el teniente coronel Tejero dijo que no había asaltado el Congreso para eso, se refería a esto, su serenísima. Monarquía es no tener que decir nunca lo siento. Democracia es abdicar.

Los Urdangarin siguieron la investidura por la tele, como si fueran primos terceros. El 7 de enero de 2014, con el informe de Hacienda en la mano, el juez había vuelto a imputar a Cristina por doble fraude fiscal. Los correos filtrados de Urdangarin habían puesto en evidencia lo que ya sabíamos todos: que casarse con una divorciada que ha hecho carrera en la televisión tiene consecuencias directas y a menudo hilarantes. Al nuevo Rey Felipe VI le faltó tiempo para revocarles el título de Duques de Palma que les había regalado su padre cuando se casaron en 1997. Desde entonces, los únicos actos públicos que comparten con su familia son funerales: el de Kardam de Bulgaria y el del infante don Carlos de Borbón Dos Sicilias. Y lo que es peor, Cristina tuvo que solicitar una baja temporal sin sueldo de su trabajo en La Caixa hasta que finalizara su comparecencia en el caso Nóos, porque los estatutos de la Fundación no permiten que sus directivos sean imputados en causas fiscales. Tres semanas después se reincorporó al trabajo. La caja de Fainé entiende que los delitos por los que se juzga a la Infanta nada tienen que ver con la actividad que desempeña en la Obra Social y, por lo tanto, no hay incompatibilidad. Ahora dicen que Cristina dimitirá definitivamente de su puesto para dedicarse de lleno a  la Fundación Aga Khan, incluso que se mudaría a Lisboa donde su jefe se acaba de comprar el palacio de Henrique Mendoça por 12 millones de euros.

En cualquier caso, es difícil imaginar a una persona de sensibilidad elevada viviendo en Suiza con 300.000 euros al año. Cristina paga 5.000 euros mensuales por su ático de 200 metros cuadrados en la Rue de les Granges, en el barrio de Florissant. La Ecole International de sus cuatro hijos cuesta 114.000 euros anuales. El bufete de Roca que la defiende cuesta unos 150.000 y Mario Pascual Vives, que defiende a Urdangarin, rondará los 50.000. Ya han tenido que deshacerse de gran parte del servicio. Pronto no tendrían para comer.

Los 6.950.000 euros de la malaventa de Pedralbes se fueron tan pronto como habían llegado. Cuando imputaron a Iñaki, la hipoteca era todavía de 4,4 millones, más el casi medio millón de euros de su cancelación, las fianzas y la deuda de Iñaki con Hacienda, que era de 253,705 euros. La culpa de esta última pella la tuvo, por cierto, el Rey Juan Carlos. Como a cualquier pareja que empieza, el padre les había dado 1,2 millones para la entrada de la casa, sin aclarar si era un préstamo o un regalo. Cómo podía saber Iñaki los peligros del dinero real, aunque venga del rey himself, cuando lo declaró como donativo. Y cómo podía saber la Infanta que Iñaki ya lo había declarado cuando lo puso como préstamo en su propia declaración.

El descenso de la Infanta refleja el respeto que le tiene la moderna monarquía con la que soñaba su padre a la institución que la vio nacer. El Ayuntamiento de Palma de Mallorca retiró su nombre de calles, plazas y paseos. El de Murcia, también. Cuando Ada Colau le quitó la Medalla de Oro que le había dado el alcalde Pasqual Maragall en 1997, Josep Garganté de la CUP propuso quitarle todos los honores a todos los miembros de la dinastía borbónica. Cuando le tocó bajar la rampa de los juzgados de Palma el 8 de febrero de 2014, la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Baleares aconsejó que lo hiciera en coche para garantizar su seguridad. Ella misma decidió hacer a pie los últimos metros, demostrando que no tenía miedo de nada ni de nadie. Rodeada por 200 agentes de seguridad.

Pase lo que pase con el caso, el daño está hecho y es permanente. Los exduques de Palma son víctimas del capricho de don Juan Carlos, que como padre soberano del pueblo español, tenía la responsabilidad de dar al pueblo lo que necesitaba y no lo que quería. Algo presagiaba el escudo del Ducado de Palma con su árbol arrancado y un lobo escuchimizado con la lengua fuera lampasado de gules. El árbol arrancado es claramente su casa, de la que Cristina y los suyos han sido expulsados en una persecución que sólo se puede calificar de jacobina.

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El lobo famélico es un pueblo que envidia a la realeza porque no entiende las cosas de la sangre. Es un lobo cubierto de tiña, una metáfora que se entiende bien. Todos esos amigos de Iñaki diciendo ahora que se le subió a la cabeza, que se creía por encima del bien y del mal. ¿Cuántas medallas ganaron? ¿Cuántas princesas besaron? La soledad es el precio de las grandes alturas y allí no hay lugar para arrepentimientos. Cuando las cosas no tienen remedio no debe pensarse más en ellas; lo hecho, hecho está.

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2º Asalto

Pactar es ceder un poco

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Mariano Rajoy sigue sin contar con ningún apoyo a su candidatura tras unas conversaciones en las que se ha confirmado el distanciamiento del PP con el resto de formaciones, a las que no ofrece medidas concretas

Lo intuyó Dámaso Alonso: Madrid es una ciudad de más de un millón de pactistas, pero sin tradición de pactos. Por eso los pactos no salen. Ya fallaron en la pasada legislatura y, si nadie lo remedia, la situación va camino de repetirse, aunque no a petición del distinguido público. El PP tiene claras las cosas: o se acepta que Mariano Rajoy sea presidente o habrá nuevas elecciones. ¿Qué ofrece a cambio? No se sabe. Dijo, eso sí, que debe haber un gobierno estable, pero se olvidó de explicar las acciones que acometería el ejecutivo para el que pide apoyo parlamentario. Sus portavoces hablan de matizar el programa electoral, e incluso de modificar la ley de educación, aprobada durante los años de mayoría absoluta contra todos los demás partidos y movimientos sociales. Pero eso es ofrecer la piel de un oso que no ha cazado y que no tiene medio de cazar: no puede aplicar su programa electoral porque carece de apoyos suficientes y, aunque Rajoy consiga ser presidente del gobierno, este tendrá que asumir las modificaciones que el Parlamento introduzca en las leyes que aprobó en su día en solitario (solo la laboral contó con los diputados de la entonces CiU). Mientras, visto que en la primera repetición el discurso del miedo a la inestabilidad y a Podemos le permitió crecer en número de diputados, Rajoy ha decidido insistir en la estrategia confiando en atemorizar a los que vieron sus fuerzas disminuidas.

Complicado acercamiento

Hay en la Cámara formaciones más afines a la derecha. En primer lugar, Ciudadanos (que el miércoles daba un giro a su estrategia al anunciar su abstención

El discurso exhibido por el PP hace que el acercamiento a los nacionalistas resulte casi imposible

en segunda vuelta), pero también el PNV o el Partit Demòcrata Català (PDC), que agrupa las cenizas de Convergència. Pero los populares han esgrimido el discurso del españolismo recentralizador con tal vehemencia que el acercamiento a ellos resulta imposible en el caso del PDC y muy difícil con los nacionalistas vascos, sobre todo porque en Euskadi habrá elecciones en otoño. Es cierto que el PNV ha sido siempre un partido de orden y que incluso su primera negativa fue educada, pero el acercamiento a cualquier nacionalismo periférico resulta indigesto para Ciudadanos, único partido que ha cuestionado el cupo vasco. Algo que ni siquiera el PP hace porque, como dijo en campaña el filósofo y candidato jeltzale Daniel Innerarity, “no conviene patear un avispero”.

El socio natural

Así las cosas, el probable aliado del PP es Ciudadanos. Sus dirigentes ya han entendido que su misión es encontrar la vía que facilite prestar sus votos al Partido Popular.Albert Rivera ha aprovechado estos días para trabajarse el discurso de modo que donde dijo que nunca permitiría (ni con el voto ni con la abstención) que Mariano Rajoy repitiera como presidente figure que había dicho todo lo contrario, naturalmente, por el bien de España. El problema es conseguir, como pretende, que le ayude el PSOE (aunque sea absteniéndose), de modo que Ciudadanos no quede como único apoyo a un PP con el que no quiere pactar nadie, entre otros motivos porque los populares no quisieron pactar nada durante los cuatro años en los que no les fue necesario. La insistencia de Rivera en que el PSOE debe colaborar en la investidura de Rajoy hay que entenderla como una acción en defensa propia: si Ciudadanos se convierte en la muleta del PP, con Rajoy al frente, sin compensaciones en una supuesta lucha contra la corrupción, su futuro puede quedar en entredicho. ¿Para qué dos partidos de derechas si el comportamiento es similar?

La papeleta del PSOE

El papel más difícil, sin embargo, es el de los socialistas. Aunque Pedro Sánchez sugiera que no habría terceras elecciones si no hubiera habido segundas, lo cierto es que el PSOE lo arriesga todo, tome la decisión que tome, tras un primer voto (al que Rajoy puso fecha en el 3 de agosto para aumentar la presión) que será necesariamente negativo. El líder socialista dejó muy claro que la obligación de encontrar apoyos para el gobierno del PP es del propio PP y no puede cargar a los demás con la culpa de sus incapacidades. Sánchez reiteró que el voto de los socialistas será siempre negativo, pero no por Rajoy, sino porque el programa del PP es incompatible con el del PSOE. Los socialistas no pueden conceder en modo alguno que Rajoy salga a la primera y solo muy a regañadientes pueden aceptar abstenerse en la segunda votación (o en la tercera, si fuera el caso) si obtuviesen claras contrapartidas que presentar a su electorado. Lo contrario sería el suicidio o la ruptura de un partido que, por otra parte, no está especialmente cohesionado.

Para permitir que Rajoy (u otro candidato del PP) sea el nuevo presidente del gobierno, el PSOE necesita concesiones de los populares. Concesiones de contenido: en educación, por supuesto, pero también en lo relativo a libertades (ley mordaza), en el modelo laboral (cambios en la contratación y en la negociación colectiva), en economía (financiación autonómica, fiscalidad y pensiones) y en asuntos aparentemente menores pero, al final, esenciales para la organización de la convivencia, como acabar con el sometimiento del poder judicial y de los medios de información públicos al Partido Popular.

El PSOE puede aceptar abstenerse solo si obtiene claras contrapartidas para mostrar a sus votantes

Es probable que Ciudadanos exija cambios en la ley electoral y nuevas medidas anticorrupción. En ambos casos podrá contar con Pedro Sánchez y sumar, además, el apoyo de Podemos, a quien los socialistas no querrán dejar el monopolio de la oposición. En el pasado el PSOE podría no haber sido receptivo a una reforma que afecte al sistema de representación electoral, pero tras el susto de las últimas elecciones los tres partidos pueden defender con argumentos una modificación que haga el reparto de escaños más proporcional a los votos reales. Menos partidario será, en cambio, el Partido Popular, gran beneficiado en el presente.

Buscar por esta u otras vías la colaboración de Unidos Podemos es esencial para los socialistas porque si un día quieren gobernar difícilmente podrán hacerlo solos, y no está claro que la derecha piense ayudarles. Nunca lo ha hecho. Por su parte, los partidos nucleados en torno a Pablo Iglesias, pasado el sarampión, tendrán que aceptar que en el Parlamento cabe algo más que el mero no a lo que hagan los otros. Y para eso necesitarán pactar. Los más cercanos y con mayores coincidencias programáticas son los socialistas.

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Asunto sensible

Queda la patata caliente de la reforma constitucional. Rivera ha querido presentarse como el adalid de lo que él llama el “frente constitucionalista”. Eso tiene poco recorrido. Tan constitucionalista es quien defiende que la Constitución no se toque (o se toque poco) como quien propone (Unidos Podemos) modificarla respetando los mecanismos que la propia Constitución prevé. Y esta modificación tendrá que hacerse contemplando el problema territorial que se vive en Cataluña, donde la pasiva indolencia de Rajoy ha sido un maná para el independentismo. Los socialistas (o una parte de ellos) hablan de reforma federal; Unidos Podemos, de una España plurinacional. No todo parecen divergencias. Y también se abre aquí un campo donde exigir gestos al PP a cambio de permitir su gobierno en minoría.

Vistas las cosas, no todo está perdido. Nadie puede imponer sus proyectos a los demás. Queda la vía de la negociación y hasta, quizás, puedan alcanzarse acuerdos.

Por Francesc Arroyo, AHORA SEMANAL

IlustraciónRaúl Arias

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Qué no pasó

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Uno de los nuestros

Vista gorda. Vividores. A votarles hagan lo que hagan.

Por Jesús Cintora

Cuando el 50% de los jóvenes españoles lamenta estar en el paro, Carlos Alberto puede contar que llegó a alcalde con 28 años, sin acabar los estudios universitarios y gobernó durante cuatro legislaturas. Carlos Alberto amasó un dineral, se compró una casa, un coche de alta gama de 60.000 euros, una moto de alta cilindrada de marca y enchufó a unos cuantos colegas en el consistorio. Sin esconderse. Carlos Alberto hacía y deshacía (sobre todo esto último) y la gente le seguía votando. 16 años con el bastón de mando, el machito.

Dicen los que quieren mal a Carlos Alberto que tenía un montón de queridas, esperándole en un puticlub privado que pagaba en una de las discotecas de moda en Madrid. Sí, ‘ puticlub privado’. No se privaba de nada, pero con el dinero de todos. Total, llegaban las elecciones y venga esas papeletas para Carlos Alberto. Él lo celebraba con papelinas de coca, según hablan los que le odiaban.

Nuestro héroe popular gozaba de financiación irregular para las campañas electorales, facturas falsas, infladas, dinero negro, adjudicaciones a dedo… Vamos, lo que viene a ser el manual. Eso sí, Carlos Alberto con gomina, traje y corbata. Qué majo este chico, qué bien viste y cómo habla, aunque le investiguen hasta por chanchullos con la recogida de ropa usada para los pobres. “¿Qué hace aquí toda esta chusma?”, dicen que preguntó en alto don Carlos al ver a los vecinos protestando por sus viviendas.

El alcalde es “un descojone“, comentaban los directivos de empresas que conocían sus vicios y le sacaban así las contratas. “Si le digo que le voy a llevar a un sitio con masajes relajantes, se sube por las paredes”, se oye en las conversaciones telefónicas intervenidas por la Guardia Civil. “¡Eres la polla, eres la polla!”. Unpicha brava que hasta llevaba pistola era Carlos Alberto.

Es la historia de un virrey, que gobernaba un pueblo de apenas 5.000 habitantes. Y la Mancomunidad y lo que le echaran. Le dio para todo esto, para dejar la localidad entre las más endeudadas de España y para estar imputado por prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y cohecho. Lo votaban masivamente y el partido le ponía lo que hiciera falta. ¿Nadie se olía nada? Sabemos que “olía a alcohol en los plenos e imaginábamos que era joven y llegaba de una noche de farra”.

Vista gorda. Vividores. A votarles hagan lo que hagan. Carlos Alberto era alcalde de Moraleja de Enmedio. Con estos mimbres, qué gran película haría Berlanga. Moraleja: si pasó esto en Moraleja, qué no pasó y pasará en el resto de España.

“Un político ignorante se vuelve peligroso”, Arturo Pérez-Reverte

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Caza de brujas

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Si no votas al PP, votas a ETA

Por Ignacio Escolar

Manuela Carmena fue una de las fundadoras del despacho de abogados laboralistas que sufrió la matanza de Atocha, es premio nacional de Derechos Humanos y cofundadora de Jueces para la Democracia; fue magistrada del Tribunal Supremo, jueza decana de Madrid y relatora de la ONU, entre otras muchas cosas. Cuando se jubiló, abrió una tienda social de ropa para niños hecha por reclusas en reinserción. Pero cuando la presentan en el debate de Telemadrid, la parte más importante de su currículum es que fue jueza y asesoró al Gobierno Vasco.

Se entiende mejor el detalle biográfico vasco que recupera la ‘imparcial’ moderadora cuando al minuto Esperanza Aguirre acusa a Carmena de llevar “abertzales en sus listas”, de preocuparse por “el sufrimiento de los etarras”, de haber excarcelado a terroristas y, por supuesto, de “despreciar a las víctimas”. Jugada en equipo: la moderadora pasa y Aguirre chuta. TeleEspe funciona así.

 La estrategia de Esperanza Aguirre en ese aberrante formato de debate electoral que ella misma impuso en Telemadrid ha sido bastante clara: embarrar aún más campo, a ver si así consigue manchar la imagen de Manuela Carmena, su principal rival en estas elecciones, y que aparece como la candidata mejor valorada en las encuestas.

Esperanza Aguirre estuvo maleducada, impertinente, hipócrita y exasperante en el debate electoral. Acusó a Carmena de estar en sintonía de ETA; ese es todo su programa –que a cinco días de las elecciones sigue sin presentar–: si no votas al PP, votas a ETA. La lideresa siguió la ola de una portada de El Mundo tan indigna que hasta el nuevo director del periódico –que aún no ha tomado posesión– se desvinculó de tan rastrera acusación.

Relacionar con ETA a todo aquel que no sea del PP no es una estrategia nueva de la derecha, aunque ahora ese espantajo se use contra Podemos y Ahora Madrid; antes ya lo hicieron contra “zETAp” y esa “traición a los muertos” que indignamente acusó Rajoy. Utilizar el terrorismo de forma tan sucia e inmoral, banalizar sobre ETA de esta manera, sí es un insulto a las víctimas; una verdadera traición.

Lo escribí hace dos años en un artículo que, por desgracia, sigue vigente. Tú eres ETA. Yo soy ETA. Nosotros somos ETA y cualquiera que proteste es siempre ETA. Solo ellos no son ETA. En esencia, los españoles nos dividimos en dos grupos: los “ciudadanos de bien” (marca registrada) y el resto, los etarras.

Solo hay algo más lamentable que este populismo de brocha gorda de Esperanza Aguirre. Que este domingo le pueda funcionar.

manuela esperanza

Vídeo– a partir de 1:48:00 TELEMADRID

Viñeta- por Bernardo Vergara

+Info- Artículo de Ernesto Ekaizer

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Queda para Rato

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Fíjense qué honrado es el PP

Por Rosa Paz

Uno de los elementos del argumentario del PP que sus dirigentes tienen más interiorizado es aquel que consiste en repetir frases del estilo: “Fíjense ustedes si este partido combate la corrupción que la justicia investiga la Gürtel y el caso Bárcenas estando el PP en el Gobierno”. Lo dicen como queriendo dar a entender que el Ejecutivo podría impedirlo si quisiera y trasmitiendo la idea de que el poder político tiene la potestad de frenar a los jueces y no la utiliza. No la tiene, pero seguro que muchas veces lo intenta. Con estas afirmaciones, los dirigentes del PP no solo pretenden pasar por adalides de la honradez, sino que lanzan además un ataque directo a la imprescindible pedagogía democrática sobre la separación de poderes, de la que tan necesitado está este país.

Pero la realidad es la que es y los ciudadanos saben que el PP ha puesto todas las trabas que ha podido a la instrucción de los sumarios de la Gürtel y de Bárcenas y que los fiscales y los jueces han seguido adelante con ellos, como en su día hicieron con los GAL o los casos Roldán y Mariano Rubio, cuando el PSOE estaba en el poder. Poder que, por cierto, perdieron los socialistas precisamente por esas causas.

A la lista de escándalos del PP se ha añadido en los últimos días el descubrimiento de que Rodrigo Rato, el todopoderoso vicepresidente Económico del Gobierno de José María Aznar, se acogió a la amnistía fiscal de Montoro y está acusado por la Agencia Tributaria de fraude fiscal, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. Las imágenes de su detención el pasado jueves dieron la vuelta al mundo, porque Rato es persona conocida por los medios de comunicación de todo el planeta, dado que a su condición de exministro y exvicepresidente del Gobierno de España une la de exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional.

pp corrupcion

Ha habido rumores sobre si Rato ha sido elegido por sus antiguos compañeros de partido como chivo expiatorio para frenar el desgaste social y electoral que les están causando tantos y tan graves casos de corrupción. Se dice que ha sido el Gobierno el que ha elegido la fecha del registro policial de sus viviendas y sus despachos y de su arresto durante 8 horas y que habría sido el Ejecutivo el que también habría avisado a la prensa para garantizar la conveniente difusión de la historia. Dudas que de momento no se despejan. Porque no se entiende qué beneficio le puede reportar al PP el estallido del caso Rato a cinco semanas de las elecciones. Salvo que se temieran, claro, que el juez podía ordenar el registro para la jornada de reflexión.

Habiendo sido Rato uno de los hombres más poderosos del PP junto con Aznar, Fraga y el propio Rajoy y siendo tan impactantes los hechos que le atribuye la justicia, no parece que de aquí al 24 de mayo se vaya a dejar de hablar de él. Ni aquí ni en el resto del mundo. Ni parece tampoco que el argumentario citado en el arranque les vaya a salvar de la quema, por mucho que el reaparecido Esteban González Pons lo utilizara el jueves para decir, sin el más mínimo rubor, que “si un partido como el PP no pone ningún obstáculo para que un icono como Rodrigo Rato pase por lo que ha pasado, algún crédito tiene que tener”. Eso es querer apuntarse un tanto sin haber hecho nada para merecerlo. No poner ningún obstáculo -que vayan ustedes a saber si lo ha puesto- es su obligación. Otra cosa habría sido haber denunciado a Rato o a Bárcenas o a Correa ante la Agencia Tributaria o ante la Fiscalía o ante el juez de guardia, eso sí que habrían sido ejemplos de lucha contra la corrupción.

@pazmacazaga

IlustraciónManel Fontdevila

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Todos contra Podemos

man embudo

El Parlamento español está devaluado. Así lo entiende la mayoría de la gente. No importa si esta percepción es o no justa. El caso es que existe. Y motivos no faltan. El guion está escrito antes de los debates, cuyo nivel es ínfimo. Faltan Castelares, Azañas, Pasionarias. Los jefes de filas repiten como cotorras el mismo discurso y los diputados aprietan sin rechistar el botón que les mandan. El resultado de las votaciones está cantado. La mayoría absoluta del PP impone su ley. Consecuencia: el debate salta a las redes sociales y a la televisión, aupadas al status de forjadora de opinión y donde la discusión es más viva, intensa y plural, pero también, con frecuencia, descabellada, enloquecida, más pasional que racional. Podemos, desafío a los que nos metieron en este pozo, y que se forjó en gran medida gracias a los mediáticos parlamentos paralelos, se convierte cada vez más en beneficiario del cambio de paradigma y, al mismo tiempo, en diana contra la que llueven los dardos desde todos los ángulos.

Los líderes de los partidos ven que les resulta más rentable la televisión que el Congreso, así que prestan tanta o más atención a la tribuna catódica que a la parlamentaria. La formación de Pablo Iglesias, el enemigo común, aún sin diputados, se ha catapultado a alternativa de gobierno desde el trampolín televisivo. Las fuerzas tradicionales, tras reponerse de la conmoción, intentan subirse al mismo carro y contraatacar. Sus líderes, al menos los que se sienten capaces de adaptarse al medio, aceptan entrevistas arriesgadas, participan en tertulias diversas y hasta en programas de entretenimiento.

La gente que ya no forma opinión con los ecos de unas Cortes aburridas y previsibles conforma su voto con estas nuevas tribunas. Políticos desconocidos se convierten en rostros populares, se consolidan candidaturas de semidesconocidos, incluso en ocasiones por encima de la dirección de la formación de turno. Al mismo tiempo, el debate se degrada hasta el nivel de las peleas de gallos, el insulto se hace argumento, tanto por culpa de los propios políticos como de algunos periodistas energúmenos que obedecen la voz de su amo y olvidan que deben mantener las distancias. Con todo, el papel de la prensa —en papel o digital— sigue siendo clave: gracias a ella (y a los jueces) se desenmascaran nuevos escándalos cuyos ecos llegan luego al Parlamento convencional y al catódico.

Con la corrupción como tema estrella, los políticos —con la excepción de Podemos— intentan convencer de tres cosas: 1) de que los escándalos, aunque numerosos, son casos aislados, y de que el sistema, clave para la estabilidad democrática, no está podrido y desahuciado, sino tan solo enfermo, pero en vías de curación. 2) de que lo suyo no es para tanto, es decir, la táctica del y tú más,de cómo te atreves a acusarme si la altura de la mierda es mayor en tu patio que en el mío. Y 3) de que van a aplicar enérgicas medidas de regeneración para que resulte creíble el grito de ¡nunca más!

Se extiende la percepción de que el corrupto no es sólo el que quiere, sino el que puede, el que toca poder y tiene acceso a los dineros públicos. Según esta argumentación, basta con controlar un ayuntamiento, una diputación, una comunidad, un partido, un sindicato o una caja de ahorros para que, de formaespontánea, surjan como hongos los mangantes. Y si hay formaciones —como Podemos o Unión Progreso y Democracia— que permanecen incontaminadas es porque no han tenido aún la oportunidad de meter la mano en la bolsa.

Este disparate es alentado por los partidos tradicionales; cualquier cosa antes que asumir que la única forma de acabar con esta lacra es un estricto sistema de controles que la hagan materialmente imposible, además de aumentar las penas y dotar de más medios al aparato de la justicia para investigar y perseguir los casos que vayan aflorando.

mafalda gobierno

Entre tanto, se ha abierto la veda. Pim pam pum contra Podemos desde todos los flancos. Se entiende: amenaza a la hegemonía de populares y socialistas, a la Izquierda Unida (rival y eventual aliada) que parecía asentada como tercera fuerza, a minoritarios como UPyD y Ciudadanos, a nacionalistas y empresarios. Es lógico: ataca a un sistema que hace aguas, capitaliza la rabia de parados, trabajadores precarios e indignados de diversa condición. Se le achacan parentescos bolivarianos, propuestas que llevarían el país a la bancarrota, promesas imposibles de cumplir, comportamientos erráticos, indefiniciones ideológicas, cambios de posición cuando más cerca están de tocar poder, falta de experiencia de gestión…

Una cosa es prometer y otra dar trigo, le espetan. Si tocan poder se pegarán el batacazo. Ya verán, ya. Se escarba en busca de manchas en el pasado de sus dirigentes, de puntos flacos, de faltas de coherencia. Muchos de esos fiscales solo defienden con uñas y dientes el territorio de la política convencional que han convertido en forma de vida. Son esa casta, por utilizar el término de Podemos, corresponsable de la miseria, la podredumbre y la ira que presiden el paisaje social.

Entre tanto, Pablo Iglesias y los suyos se abren camino y multiplican apoyos, cierto que con algunos titubeos y correcciones de la trayectoria, conscientes de que el radicalismo inicial debe teñirse de pragmatismo, pero sin abjurar de los objetivos esenciales. Convencidos de que es ahora cuando se la juegan de verdad. Y sin perder la calma, marcando distancias con sus enemigos, sin caer como ellos en la descalificación y el insulto. Convencidos de que si les ladran es porque cabalgan.

Por Luis Matías López– Exredactor jefe y excorresponsal en Moscú de EL PAIS, miembro del Consejo Editorial de PUBLICO hasta la desaparición de su edición en papel.

Análisis- El Mundo es un Volcán

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El reino de la corrupción

La democracia es un sistema que descree de la bondad universal y desconfía de la codicia humana. Los políticos son piedra de escándalo. Y las respuestas del Gobierno son tardías e insuficientes.

Cada vez que surge un nuevo caso de corrupción nuestros políticos se escudan en que son mayoría los servidores públicos honestos y que solo unos pocos sinvergüenzas se han colado en sus filas. Con este innovador mensaje se presentó Mariano Rajoy en el pleno monográfico del Congreso sobre la corrupción, al que aportó dos proyectos de ley visados por su Gobierno hace casi dos años. A partir de estas premisas es inconcebible que el presidente del Gobierno pueda encabezar un programa serio para combatir un problema que se ha convertido en la segunda preocupación de los españoles. Todas las respuestas devienen tardías e insuficientes, como acaba de demostrar la microrreforma introducida por la Cámara sobre los viajes de diputados y senadores a raíz del caso Monago.

monago

Más de 800 Ayuntamientos (un 10% del total) están incursos en diversos procedimientos judiciales vinculados al muy heterogéneo dominio de la corrupción política; el número de imputados se cuenta por miles, según informes de la fiscalía. Minimizar estas cifras hasta el punto de convertir a esa legión de corruptos en una excepción es una desfachatez, si no un acto de cinismo. Al margen de la honradez individual, que se dilucida en los tribunales, la mayoría de los políticos tiene fundadas sospechas, cuando no indicios, de que su partido tiene vías de financiación irregulares, pero ese es un tabú cuya ruptura se castiga con la expulsión, como le sucedió al socialista Alonso Puerta en 1981. Habrían de pasar 26 años hasta que un concejal popular de Majadahonda pagara el mismo precio después de poner a la Fiscalía Anticorrupción tras la estela del caso Gürtel, una red mafiosa de la que se habría lucrado el PP, según el último auto del juez instructor.

Nuestros políticos conocen estas prácticas desde los tiempos de la Transición, pero han preferido guardar silencio para mantener el favor de sus jefes. Es hora de poner fin al espectáculo degradante de que nadie sepa en los partidos políticos, salvo sus tesoreros o sus gerentes, de dónde proceden los dineros con los que se financia la campaña electoral permanente en la que están metidos o cómo se pagan las obras de sus sedes y los salarios de sus empleados.

¿Tiene alguna lógica que los presidentes y secretarios generales puedan alegar ignorancia ante los jueces y librarse así de toda culpa en este tráfico indecente de cajas b y dineros negros? ¿Por qué los líderes que elaboran las listas electorales y aprueban los programas políticos están exentos de rendir cuentas sobre las finanzas de sus partidos? ¿Puede Rajoy eludir su responsabilidad en el caso Bárcenas con el simple trámite de pedir perdón al Parlamento por haberse equivocado en su nombramiento? Bienvenida sea la reforma del Código Penal (anunciada hace más de un año) que castigará el delito de financiación ilegal con uno a cinco años de cárcel, aunque solo se atajará el mal cuando los jefes máximos tengan que responder por una presunta administración desleal.

Este estado de cosas ha sido consustancial a la democracia creada al amparo de la Constitución de 1978. La debilidad de unos partidos renacidos tras 40 años de dictadura sirvió para blindar sus cuentas y excluirlas del escrutinio público. Galaxia Gutenberg acaba de publicar un libro póstumo de Javier Pradera titulado Corrupción y política. Los costes de la democracia. Escrito hace 20 años, en plena floración de escándalos (Juan Guerra, Hormaechea, Ibercorp, Mariano Rubio, Filesa, Cacerolo, Roldán, fondos reservados, etcétera), su lectura resulta de extraordinaria actualidad. La anatomía de la venalidad que Pradera disecciona con precisión forense es perfectamente aplicable a la sucesión de casos que monopolizan la actualidad informativa. Los cambios legislativos introducidos en estas dos décadas han tenido el efecto gatopardianode mantener intacta la corrupción estructural para financiar los partidos, a la que se ha sumado el creciente pillaje individual de muchos gestores.

Es cierto que se creó la Fiscalía Anticorrupción en 1995, que se han endurecido algunas sanciones penales, que la UDEF ha prestado una mayor dedicación a los delitos económicos que proliferan en el ámbito político, pero nada sustantivo ha cambiado en los mecanismos de adjudicación de contratos públicos, que es donde reside la gran corrupción, la que mueve millones de euros en forma de comisiones mafiosas. Este mecanismo perverso obliga por lo demás a las empresas concesionarias a falsificar su contabilidad con innumerables facturas falsas que a menudo se distribuyen entre los proveedores. En esta cadena fraudulenta participan miles de personas que están sometidas a una ley de silencio tanto más férrea cuanta mayor es la precariedad laboral. Los denunciantes no cuentan con ninguna protección.

No sorprende que en medio de este paisaje la economía sumergida suponga casi una quinta parte del PIB según diversos informes o que los inspectores de Hacienda estimen que el monto del fraude fiscal supera el déficit de todas las Administraciones públicas. Lejos de constituir un ejemplo nuestros políticos son piedra de escándalo, agravado por el impacto de una crisis económica que se traduce en el empobrecimiento de grandes grupos de población, el paro de más de cinco millones de personas según la EPA, una deflación salarial que no excluye de la pobreza a quienes trabajan y una pavorosa desigualdad que coloca a España en el segundo lugar del ranking europeo.

El Eurobarómetro de 2013 sobre corrupción registró que el 63% de los encuestados españoles (el porcentaje más alto de la UE) se consideraba afectado personalmente en su vida cotidiana, frente a una media comunitaria del 26%; el 95% consideraba que es un problema muy extendido en el país, principalmente en las instituciones locales y regionales. Todo ello consolida el convencimiento generalizado de que la gran corrupción gira en torno a las finanzas de los partidos, con una activa participación de las empresas contratistas de obras y servicios. Sindicatos y asociaciones patronales se han incorporado al festín al calor de los cursos de formación, los expedientes de regulación de empleo o las tarjetas opacas de algunas cajas. Que solo ocho de los 86 titulares de Bankia renunciaran a usarlas dice mucho del nivel ético de nuestras élites.

La democracia es un sistema que descree de la bondad universal y desconfía de la codicia humana. De ahí que exija contrapesos y controles rigurosos para impedir abusos de poder y sancionarlos cuando se produzcan. Un Tribunal de Cuentas nombrado mayoritariamente por los partidos, que más que vigilarse mutuamente practican una estrategia de no agresión, es un instrumento ineficaz para controlar sus finanzas. Algunos países europeos han creado comisiones independientes para fiscalizar a los partidos e incluso para adjudicar los contratos públicos. Hace casi dos años el Congreso acordó convocar una comisión de expertos para estudiar el dossier de la corrupción y proponer estrategias de choque. Nadie la ha recordado en el reciente debate parlamentario.

A un año de las elecciones generales es probable que no haya tiempo para comités, pero los partidos no pueden cruzarse de brazos tras una legislatura que ha sido una ciénaga en materia de corrupción. Y si así lo hacen estarán contribuyendo a ese súbito ascenso de Podemos, que más allá de la viabilidad o no de sus propuestas se nutre sobre todo de la náusea colectiva. Los abstencionistas de ayer, los participantes en las diversas mareas contra los recortes en sanidad y educación o simplemente la multitud de decepcionados con el PSOE suman ya un bloque de votantes potenciales que de momento ha roto, al menos en las encuestas, el statu quo de un bipartidismo asfixiante.

OPINIÓN- La Cuarta Página EL PAÍS

Ilustración- Bernardo Bergara

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Atragantamiento en Génova

espe lo que

El cuento de la abuelita

Por Ignacio Escolar

Érase una pobre abuelita sexagenaria que presidía un partido madrileño incompatible con la corrupción. A pesar de su alegría y su bondad, la abuelita tropezaba una y otra vez con malvados políticos que se aprovechaban de ella y abusaban de su confianza para robar. Bajo las faldas de esta sexagenaria de voz temblorosa, creció un consejero de Deportes llamado Alberto López Viejo, que se llevó 5,5 millones de euros en mordidas de la Gürtel. Y unos consejeros de Sanidad llamados Juan José Güemes y Manuel Lamela, imputados por cohecho y prevaricación. Y un presidente de la patronal como Gerardo Díaz Ferrán, hoy preso en Soto del Real. Y un montón de alcaldes, concejales y diputados autonómicos que hicieron de la Comunidad de Madrid un lodazal que la pobre abuelita se afanaba por limpiar.

La abuelita se llama Esperanza Aguirre y ayer volvió a tomar el pelo a los ciudadanos con otro cuento increíble de tragar. A la pobre sexagenaria la han vuelto a engañar, una vez más. Ha descubierto, “alucinando en colores”, que lo que medio Madrid ya sabía sobre Francisco Granados era verdad: que su fiel lugarteniente era un político corrupto, un chorizo, un ladrón que al parecer se forró cobrando comisiones del 3% aquí y allá.

“Si hubiera tenido la sospecha más mínima, habría actuado con prontitud”, dice ahora Esperanza Aguirre. No puede ser más cínica. Descartado que Aguirre sea estúpida, sólo queda pensar que no se quiso enterar. Francisco Granados es el mismo político  al que le quemaron un coche en su garaje que estaba a nombre de un constructor de su pueblo pero conducía su mujer. En lugar de sospechar, Aguirre llegó a decir que era “un atentado político”.

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Granados es también el político que se construía a su medida una enorme mansión del tamaño de un centro de salud y que no parecía tener intención de pagar. Y es también el mismo político siniestro que escogió a varios de los espías de la Gestapillo, esa agencia de mortadelos pagada por la Comunidad de Madrid y que en parte estaba formada por guardias civiles de Valdemoro, el pueblo del que Granados fue alcalde.

El fétido olor de la corrupción hace años que impregnaba todo lo que Granados tocaba. Lo sabíamos varios periodistas, que publicamos muchas de estas historias. Lo sabía la oposición, que le señalaban como gran conseguidor. Lo reconocían en privado otros dirigentes del PP, que contaban que desde Génova le habían llamado la atención. Lo sabía medio Madrid, menos Esperanza Aguirre. Ella no.

Francisco Granados no sólo es el principal beneficiado de esta nueva trama de corrupción, sino también su presunto promotor. La operación Púnica, como la ha bautizado la Guardia Civil, saca su apelativo del nombre científico del granado: Punica granatum. Correa es a la Gürtel como Granados a la Púnica. Como ambas tramas corruptas, al Partido Popular de Madrid.

Aguirre dice ahora que “no va eludir su responsabilidad”. ¿Y cuál es esa responsabilidad? “Pedir disculpas”, nada más. La abuelita retirada de la política que aún preside el PP de Madrid dice sentir “una profunda vergüenza”, pero no se plantea dimitir. También seguirá trabajando para una empresa de cazatalentos; es evidente su buen ojo a la hora de fichar.

espe bolo

Hay que recordarlo: Esperanza Aguirre llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid gracias al ‘tamayazo‘; fue el propio Francisco Granados quien presidió la comisión de investigación parlamentaria para “aclarar” ese caso de corrupción. Fue la candidata que pagó gran parte de su campaña electoral a la Gürtel, por medio de “donativos” de empresarios como Díaz Ferrán y Arturo Fernández a Fundescam.

Detrás de cada político corrupto hay dos tertulianos, decía una famosa pancarta del 15M. Pronto veremos a algunos periodistas justificar el buen hacer de Esperanza, su mano dura contra la corrupción, su valentía al dar la cara y hablar a los ciudadanos para pedir perdón. Dentro de unos días, lo mismo Aguirre nos cuente que fue ella quien descubrió la trama Púnica, como antes hizo con la Gürtel. El cuento de la abuelita crecerá, ya lo verán. Y habrá quien se lo quiera tragar.

Ilustración- Manel Fontdevila –Francisco Ibañez

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Política bajo mínimos

mundo justo

Otra democracia

Por Ignacio Escolar

“¿Tú sabes cómo hizo Adolfo Suárez para lograr que las Cortes franquistas votasen su disolución?” La anécdota me la cuenta un veterano periodista. Dice que se la explicó el propio Suárez, en una cena privada, años atrás. “Se puso de acuerdo con varias embajadas, con la de Estados Unidos, la de Reino Unido, la de Israel… Les pasó una lista de los procuradores en Cortes más difíciles de convencer, los más duros, los que podían arrastrar al resto. Los embajadores les fueron invitando a viajes con su familia en el extranjero para conseguir que ninguno de ellos estuviese en el Parlamento el día en que Suárez planeaba convocar la votación. Lo consiguió. Casi todos picaron y se fueron de viaje. La ley para la reforma política salió adelante por mayoría, pero hubo unos cuantos procuradores que no llegaron a votar”.

La anécdota probablemente sea buena. No la he podido comprobar, pero es verdad que hubo un importante número de procuradores franquistas que no estaba en las Cortes aquel día; solo votó el 77%, según el boletín de las Cortes. Sea cierta esta historia, sea una exageración de Suárez o del periodista que me la contó, define a la perfección el mito de la Transición (sin pecado concebida): cómo España logró, contra pronóstico y por una suerte de batallitas, hazañas y heroicidades, pasar de la dictadura a la democracia por consenso y sin violencia.

El mito fundacional es falso por dos razones: porque hubo violencia, y mucha: más de 700 muertos, como recuerda en esta misma revista Ignacio Sánchez-Cuenca. Y porque lo verdaderamente inusual habría sido que España hubiese continuado siendo por mucho más tiempo una dictadura, la única de su tiempo en toda Europa occidental. ¿De verdad el rey Juan Carlos y el resto de los protagonistas de la transición tenían otra opción que transformar ese régimen caduco y anacrónico en una democracia europea más o menos como las demás? ¿Realmente había otra alternativa para las élites españolas cuando incluso Portugal había llegado a la democracia, en condiciones mucho más difíciles y con una economía menos desarrollada? ¿En serio hay que agradecer al rey que no se sumase al golpe de Estado del 23-F que, con sus desprecios a Suárez, había contribuido a engordar? ¿Es el modelo político, económico y cultural que parió aquella Transición el fin de la historia? ¿No hay nada más? ¿Acaso la Constitución bajó en unas tablas del monte Sinaí y es un texto sagrado que solo se puede tocar cuando lo ordena el BCE?

Aquel sistema democrático que nació de la Transición ha sido un éxito para España. Pese a sus muchos defectos, pese a la crisis actual, las tres décadas que vinieron después son, de largo, el periodo más próspero de nuestra historia. España no es lo que era, en la mayor parte de los casos para mejor. Incluso si nos comparamos con la terrible situación actual, en estos 35 años se ha avanzado en igualdad, en renta media, en acceso a la educación, en prosperidad… Pero el modelo sin duda está marchito y no es solo culpa de la depresión económica y ese abismo del paro en el que nos encontramos tras la resaca de la burbuja del ladrillo. Aunque la economía se recupere –si es que tal milagro se produce antes de 2018, que es la fecha que hoy pronostica el FMI para el fin de esta pesadilla–, hay otros problemas que no se van a resolver esperando que se arreglen solos sin más.

La España de las Autonomías es una fórmula agotada, incapaz de encajar ese país de “nacionalidades y regiones” del que habla la Constitución, un eufemismo con el que se quiso emboscar la realidad de un Estado plurinacional. La monarquía está tocada. No es solo por el talonmanista Urdangarin: también se ha roto el tabú sobre la figura del rey y hasta se habla de sus negocios y sus “amigas entrañables” en horario de máxima audiencia en televisión. El sistema bipartidista hace agua: nunca antes los dos grandes partidos han estado tan cuestionados ni ha sido tan baja su imagen en las encuestas. Solo un político recibe un suspenso mayor que el presidente del Gobierno peor valorado de la historia de la democracia: su supuesta alternativa, el líder de la oposición.

La corrupción dinamita la credibilidad de todas las instituciones, desde el Ejecutivo, hasta la Casa Real, hasta el Poder Judicial. Y los recortes, que imponen organismos por encima de nuestros ámbitos de soberanía –por encima del propio Parlamento–, están debilitando un Estado del bienestar español que aún estaba por terminar. La combinación de todos estos factores crea una enorme falla ciudadana; un divorcio que gestiona un Gobierno con una sólida mayoría absoluta en el Congreso, pero con un menguante apoyo social.

Sin duda estamos ante un cambio de régimen. Si esto fuese Francia, pasaríamos de la cuarta a la quinta República. Como esto es España, el resultado es más difícil de pronosticar. ¿Un estallido social violento? Parece improbable. Como argumenta Nicolás Sartorius, España es un país vacunado contra la violencia por los históricos fracasos de todos los intentos de lucha armada del pasado siglo: ETA, el maquis antifranquista o el terrorismo anarquista. ¿Un nuevo liderazgo político? No se vislumbra, aunque casi mejor que no aparezca si la solución es un Berlusconi español. ¿Una regeneración en los grandes partidos? Llegará, más tarde o más temprano, pero probablemente solo con eso no bastará.

De una manera u otra, la situación es tan insostenible que solo puede cambiar. Los años de la crisis van a ser el catalizador de un nuevo régimen, de un nuevo acuerdo social. Al igual que el periodo 1979-1982 configuró unas estructuras políticas, económicas, mediáticas y culturales que han sido hegemónicas durante las siguientes tres décadas, la actual gran recesión española acabará transformando el país, aún no sabemos si por reforma o por ruptura.

La única certeza del nuevo régimen es una palabra: democracia. Nadie pide otra cosa. Otra democracia mejor, más transparente, más avanzada, más participativa y más limpia. Las encuestas demuestran (ver infografía en página 70) que el apoyo a la democracia ha crecido en estos 35 años. Sin embargo, la palabra democracia no significa lo mismo para toda la sociedad. No todos la ven igual. Los estudios del CIS demuestran que para las personas de mayor edad, democracia equivale a prosperidad económica. Ligan el concepto a lo material, y están dispuestos a aceptar cierto nivel de corrupción o de injusticia si a cambio se garantiza el bienestar. Es la democracia del régimen de la Transición. Sin embargo, para los jóvenes, democracia es algo relacionado con los valores: con la participación, con el respeto, con ser escuchados, con la justicia, con la honestidad… Es algo sentimental, tal vez utópico. Pero si algo demuestra la historia es que los jóvenes, a la larga, siempre tienen todas las cartas para ganar.

Escolar.net

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