Archivos Mensuales: junio 2014

Barbaridad

money men

“A ver si lo he entendido, presidente”

Por Arturo Pérez-Reverte

A ver si lo he entendido, señor presidente… Hasta por morirme debo pagar un 21 %… A ver si lo entiendo. Insisto.
Alemania tiene 80 millones de fulanos y 150.000 políticos. España, 47 millones y 445.000 políticos. Sin contar asesores, cómplices y colegas. O en Alemania faltan políticos, o aquí sobran. Si en Alemania faltan, apenas tengo nada que decir. Si en España sobran, tengo algunas preguntas. Señor presidente.
¿Para qué sirven 390 senadores (con la brillantez media y la eficacia política media de un Iñaki Anasagasti, por ejemplo)? Subpregunta: si un concejal de Villacantos del Botijo, por ejemplo, necesita contratar a 15 asesores… ¿Para qué puñetas sirve ese concejal, aparte de para dar de comer a numerosos compadres y parientes?
¿Para qué sirven 1.206 parlamentarios autonómicos y 1.031 diputados provinciales? ¿Sabe usted lo que cobra toda esa gente? ¿Y lo que come? Ese tinglado regional, repartido en diecisiete chiringuitos distintos, duplicados, nos cuesta al año 90.000 millones de euros. Con ahorrar sólo la mitad… Eche usted cuentas, señor presidente. Que yo soy de Letras.
En vista de eso, ¿cómo es posible que el Gobierno de este putiferio de sangüijuelas y sangüijuelos se la endiñe a las familias y no a ellos? Que en vez de sangrar a esa chusma, se le endiñe a la Dependencia, a la Sanidad, a la Educación, a la Cultura, al pequeño comercio? ¿A la gente que de verdad lucha y trabaja, en vez de a esa casta golfa, desvergonzada y manifiestamente incompetente?
A ese negocio autonómico absurdo e insostenible, del que tanta gentuza lleva viviendo holgadamente desde hace más de treinta años. 17 parlamentos, 17 defensores del pueblo, embajadas propias, empresas, instituciones. Negocios casi privados (o sin casi) con dinero público. El único consuelo es que a esa pandilla depredadora la hemos ido votando nosotros. No somos inocentes. Son proyección y criaturas nuestras.
Treinta años engordándolos con nuestra imbecilidad y abulia política. Cuando no con complicidad ciudadana directa: Valencia, Andalucía… Con unos tribunales de Justicia cuando no politizados o venales, a menudo lentos y abúlicos. El golfo, impune. Y el ciudadano, indefenso. Esos políticos de todo signo (hasta sindicalistas, rediós) puestos en cajas de ahorros para favorecer a partidos y amiguetes. Impunes, todos.
Me creeré a un presidente de Gobierno, sea del color que sea, cuando confiese públicamente que este Estado-disparate es insostenible. Cuando alguien diga, señor presidente, mirándonos a los ojos, “voy a luchar por un gran pacto de Estado con la oposición”; “me voy a cargar esta barbaridad, racionalizándola, reduciéndola, controlándola, adecuándola a lo real y necesario”; “voy a desmontarles el negocio a todos los que pueda. Y a los que no pueda, a limitárselo al máximo. A lo imprescindible”; “aquí hay dos autonomías históricas que tendrán algo más de cuartelillo, dentro de un orden. Y el resto, a mamarla a Parla”.
“Y el que quiera entrar en política para servir al pueblo, que se lo pague de su bolsillo”.
Pero dudo que haga eso, señor presidente. Es tan prisionero de su propia chusma político-autonómica como el PSOE lo es de la suya. Ese toque de jacobinismo es ya imposible. Tiene gracia. No paran de hablar de soberanía respecto a Europa quienes son incapaces de ejercerla en su propio país. Sobre sus políticos. Dicho en corto, señor presidente: no hay cojones. Seguirán pagándolo los mismos, cada vez más, y seguirán disfrutándolo los de siempre. El negocio autonómico beneficia a demasiada gente.
Usted, señor presidente, como la oposición si gobernara, como cualquiera que lo haga en España, seguirá yendo a lo fácil. A cargar a una población triturada, con cinco millones de parados, lo que no se atreven a cargar sobre sus desvergonzados socios y compadres. Seguirá haciéndonos aun más pobres, menos sanos, menos educados. Hasta el ocio para olvidarlo y la cultura para soportarlo serán imposibles.
Así que cuando lo pienso, a veces se me va la olla y me veo deseando una intervención exterior. Que le vayan a frau Merkel con derechos históricos, defensores del pueblo, inmersiones lingüísticas, embajadas y golferías autonómicas. De tanto reírse, le dará un ataque de hipo. De hippen, o como se diga allí.
Lo escribía el poeta Cavafis en Esperando a los bárbaros. Quizá los bárbaros traigan una solución, después de todo. Para esto, que nos invadan los bárbaros de una puta vez. Que todo se vaya al carajo y el Sentido Común reconozca a los suyos. Si quedan.
Recristo

Qué a gusto me he quedado esta tarde, señor presidente. Lola acaba de abrir el bar. Esta noche me emborracho. Como Gardel en el tango.. Fiera venganza la del tiempo. Parece un título de Lope de Vega. Un tango adecuado para este pasaje”.

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“si no le gustan mis principios, tengo otros”

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La injusticia universal

Por José María Mena

La justicia universal exige que no queden sin castigo los crímenes más graves contra la humanidad. Los estados deben asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia los culpables de esos gravísimos crímenes. No debe haber lugar ni tiempo de impunidad ni de perdón para ellos. Este es el espíritu de la jurisdicción universal, plasmado en distintos convenios a partir de la Segunda Guerra Mundial, como expresión de la solidaridad ética y democrática que se pretendía instaurar en el mundo entero.

Con este espíritu se crearon los tribunales internacionales para juzgar los crímenes de guerra y los genocidios de Ruanda y de Yugoslavia en 1993 y 1994. Con este espíritu, en 1998, se firmó el Estatuto de Roma que creó el Tribunal Penal Internacional (TPI) como jurisdicción complementaria de las jurisdicciones nacionales. Los 139 estados firmantes del Estatuto de Roma se comprometieron a juzgar a los responsables, o a aportar pruebas y a entregarles cuando los juzgue el TPI. Pero hay 54 estados miembros de las Naciones Unidas que no han aceptado someterse al compromiso recíproco de la jurisdicción universal. Entre ellos se encuentran China, Estados Unidos, Israel y Rusia.

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España ya había asumido este compromiso internacional en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. Su artículo 23.4 permitía que los tribunales españoles juzgaran a los españoles o extranjeros que, fuera de España, hubieran cometido crímenes de genocidio, u otros gravísimos crímenes previstos en Tratados internacionales suscritos por España. Con base en este artículo prosperaron ante la Audiencia Nacional las querellas por los crímenes de Guatemala, y por los de Pinochet. Seguidamente se formularon nuevas querellas contra Israel, por los crímenes de Sabra y Shatila, siendo comandante de la operación Ariel Sharon, en 1982; contra los militares de EE UU por el asesinato de Couso en Bagdad en 2003, y contra los dirigentes chinos por el genocidio del Tibet.

Ante la reacción de los Estados incomodados por la actuación de la justicia española, el Gobierno del PSOE, con el apoyo del PP y de algún otro grupo parlamentario, acometió la primera reforma del artículo 23.4. Desde entonces sólo serían admisibles las querellas si afectaban a intereses españoles. Nuestra ejemplar solidaridad con las víctimas sin vínculos con España quedaba enterrada. Ya lo dijo Groucho Marx, “si no le gustan mis principios, tengo otros”. El 15 de Octubre de 2009, el mismo día en que el presidente Zapatero debía ser recibido en Tel Aviv, se publicaba en el BOE la reforma que impedía la persecución de los crímenes de Sabra y Shatila.

El asunto de China siguió su lenta pero implacable tramitación, impulsada por un querellante de origen tibetano pero nacionalizado español. En este caso, por lo tanto, el requisito de vinculación del delito con intereses españoles estaba cumplido. Cuando, en noviembre de 2013, la Audiencia Nacional ordenó el procesamiento y la busca y captura internacional contra Jiang Zemin y Li Pen, expresidente y exprimer ministro de China, el gobierno español, según dicen, percibió la gravedad de la irritación oriental.

Con más celeridad, si cabe, que en el asunto de Israel, se improvisó una nueva reforma del artículo 23.4, que quedaba cocinada en enero de 2014, por el trámite de urgencia. El PSOE no la apoyó. El diputado del PP Castillo Calvín echó en cara “a los señores socialistas cómo se gestó la reforma del 2009 como ley complementaria de la ley de reforma de la oficina judicial”, con la que, obviamente, no tenía nada que ver. Y también les recordó que con esta trampa parlamentaria el Gobierno socialista en 2009 había evitado la lentitud de pasar por la aprobación del Consejo de Ministros, y los riesgos de los informes del Consejo del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Todo ello con la aquiescencia y la complicidad del PP, que ahora reprocha al PSOE que no esté a la recíproca. O sea, que si ambos fueron tramposos cuando lo de Israel, ahora, con lo de China, unos son reincidentes, y los otros desmemoriados, y desagradecidos.

justicia españolisto

Con la nueva reforma, aquellos gravísimos crímenes, cometidos fuera de España, ya sólo se podrán perseguir en España si los extranjeros que los hayan cometido viven habitualmente en España. Los dirigentes chinos quedan excluidos. Incluso podrían venir de vacaciones impunemente. El diputado Castillo menospreció en el Congreso a “la justicia quijotesca que buscando remediar las injusticias no consigue resultado alguno”. Es la declaración de la injusticia universal. Ciertamente no sería probable concluir el proceso con un juicio y una pena. Pero la orden internacional de captura, y el proceso, con la publicidad de sus pruebas, tienen la carga de un reproche ético y democrático de trascendencia mundial. Esto es lo que irrita a los poderosos imputables, y provoca tramposas celeridades de reformas “a la carta”. Es la inmensa fuerza disuasoria de de la justicia universal.

José María de Mena Álvarez es el exfiscal jefe del TSJ de Catalunya

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