Archivos Mensuales: diciembre 2013

Los números de 2013

Los duendes de las estadísticas de WordPress.com prepararon un informe sobre el año 2013 de este blog.

Aquí hay un extracto:

Un teleférico de San Francisco puede contener 60 personas. Este blog fue visto por 920 veces en 2013. Si el blog fue un teleférico, se necesitarían alrededor de 15 viajes para llevar tantas personas.

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Too big to fail

Bankster

Por Ernesto Ekaizer

Parece que fue Ferdinand Pecora quien acuñó el americanismo bankster, un vocablo que recoge la palabra banker (banquero) y gangster (gánster). Pecora, nacido en Sicilia, terminó la carrera de abogado y trabajó como adjunto en la Fiscalía de Nueva York. En 1933, el Senado buscaba un profesional insobornable y le nombró abogado principal del comité de Banca para interrogar a los principales banqueros. Se investigaba las causas del crash de 1929 en Wall Street, antesala de la Gran Depresión. A raíz de la gran crisis financiera o Gran Recesión de 2008, el término banksters volvió a las páginas de diarios y revistas.

¿Adónde nos lleva esta pequeña historia? A los veinte años de la destitución de Mario Conde, conviene recordar por qué fue intervenido el Banco Español de Crédito (Banesto). Y la razón que desencadena la intervención no fue la hipotética sospecha de que los administradores estaban perpetrando el robo del banco. Existían indicios de operaciones irregulares, sí, y así lo hizo constar la supervisión y el expediente disciplinario abierto por el entonces banco emisor. Pero estos indicios solo pudieron aflorar con mayor evidencia una vez que Conde y su equipo fueron expulsados de la entidad.

mario condeMario Conde el día en el que le notificaron su entrada en prisión.

Lo que sí determinó la intervención fue el hecho de que tras una carrera alocada de competencia con el Banco Santander por ganar cuota del mercado, Banesto quedó exhausto. Un banco cae siempre por problemas de liquidez. Y el mercado interbancario que le daba liquidez a Banesto, para evocar un hecho que, como sabemos, es el inicio de la crisis actual, se endureció y le castigó duramente. Sin liquidez y con sus tripas llenas de créditos malos, incobrables, por la mala gestión, Banesto se convirtió en un peligro para el sistema financiero español.

Como era too big to fail, otra similitud con los problemas actuales, es decir, demasiado grande para quebrar a su aire, estilo Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008, el Banco de España intervino con la intención de sanearlo y venderlo más tarde. Pero en el proceso de saneamiento, emergieron con mayor detalle datos sobre unas operaciones con indicios de delito. Y fueron puestos en conocimiento de la justicia. La fiscalía de la Audiencia Nacional presentó una querella por apropiaciones indebidas, estafas y artificios contables. En total, unos 7.200 millones de pesetas o 43,2 millones de euros.

Salvo en un caso, la llamada operación de los warrants de la sociedad Carburos Metálicos, donde se evaporaron 1.344 millones de pesetas (8,4 millones de euros), Mario Conde y Arturo Romaní no se revelaron como avezados banqueros de rapiña. Fue, más bien, un abuso de poder, un robo de la caja. Eso se deduce de operaciones como el pago de 600 millones de pesetas (más de 3,7 millones de euros) a Argentia Trust, domiciliada en las islas Saint Vincent, en el Caribe, por motivos inconfesables (aunque no se los quedara Conde en su bolsillo, como puso de relieve la sentencia del Tribunal Supremo), o la extracción de 300 millones de pesetas (1,87 millones de euros) en dos tacadas que, según instrucciones de Conde, fueron entregados en bolsas de deporte a Adolfo Suárez, hecho que el expresidente negó en el juicio oral. Una parte del dinero robado se pudo recuperar y compensar.

Pero donde Conde exhibió de manera más espectacular su práctica de bankster fue en su operación de chantaje en toda regla sobre el Gobierno de Felipe González en 1995. El exbanquero consiguió tener bajo control las 1.200 microfichas del entonces CESID (Centro Superior de la Información de la Defensa) sobre temas de la guerra sucia contra ETA, robadas por el coronel Juan Alberto Perote. González recibió al abogado de Conde y de Perote, Jesús Santaella, en La Moncloa. Pero la operación fracasó. Ni el juez Manuel García-Castellón fue apartado de la investigación ni Conde obtuvo los 14.000 millones de pesetas que pedía por silenciar el asunto.

Una historia de banksters.

© Iñigo Ortiz de Guzmán

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El Aborto

aborto

Diez razones para no cambiar la ley del aborto

El Gobierno no puede legislar para agradar a su electorado más conservador

Cada día nos acercamos más a un cambio en sentido restrictivo de la actual ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada por amplia mayoría en 2010, que el Partido Popular quiere modificar desde el mismo momento en que llegó al Gobierno. Sin duda hay razones para cambiarla o mejorarla, pero el momento social, económico y político no parece el más apropiado para empeorarla. España pasa por malos momentos y utilizar el aborto, por el que tanto sufren las mujeres, como moneda de cambio para contentar a los sectores más conservadores de su electorado, no es justo con las mujeres ni con la sociedad.

Tras casi dos años de reiterados, y a veces contradictorios, anuncios por parte del ministro de Justicia, señor Gallardón, la principal razón esgrimida para este cambio es el compromiso adoptado en su programa electoral. Argumento poco consistente, no solo por los evidentes incumplimientos de la práctica totalidad de los compromisos electorales del actual Gobierno, sino porque ni siquiera se ajusta a la letra de lo comprometido. Entre introducir algunos cambios en la actual legislación, especialmente en lo relativo a las jóvenes de 16 y 17 años, y los drásticos cambios que se avecinan, hay un gran trecho. Ni siquiera el sector más aperturista del PP podía presagiar que van a echar por tierra 28 años de legislaciones razonables.

En el caso del aborto, como en casi todo, hay razones para actuar de una u otra manera. Unas para imponer las propias creencias y deseos a los demás y otras para respetar la autonomía de las mujeres para decidir sobre su cuerpo y su vida.

Nuestras razones para defender el mantenimiento de la actual ley son:

Una. Porque funciona. No se han cumplido las profecías de un incremento notable del número de abortos ni se han producido en sus tres años de vigencia denuncias ni complicaciones sanitarias de ningún tipo. Ha resuelto, pues, gran parte de los problemas de inseguridad jurídica que aquejaban a la ley anterior. Dos. Porque respeta a las mujeres. El reconocimiento de un plazo en el que las mujeres puedan decidir libremente sobre si quieren seguir adelante o no con su embarazo es la única manera de no atropellar los derechos fundamentales de las mujeres embarazadas. Tres. Porque es conforme a la Constitución. Contrariamente a lo que se argumenta, la actual legislación no es contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional que nunca se ha pronunciado sobre una ley de plazos.Cuatro. Porque respeta mejor la vida en formación. Establecer límites y ofrecer a las mujeres información y recursos alternativos ha demostrado ser la mejor manera de conciliar los derechos de las mujeres a decidir con el deber del Estado de proteger la vida en formación. Cinco. Porque es la mayoritaria en Europa. La legislación de plazos es la más establecida entre los países del entorno europeo, especialmente en el contexto de los Estados con quienes compartimos tradición política y constitucional. En una Europa sin fronteras no es razonable que una mujer española sea tratada, en sus derechos básicos, de modo diferente a una francesa, portuguesa o alemana.Seis. Porque no distingue entre pobres y ricas. Las leyes restrictivas no disminuyen el número de abortos, solo provocan que las mujeres que no tienen recursos económicos lo hagan en peores condiciones, por lo que a la discriminación por razón de sexo se une la discriminación por clase o condición social. Siete. Porque la población está conforme. La mayoría de la población española no se reconoce en el marco de una legislación restrictiva o prohibicionista en materia de aborto. Según la última encuesta de Metroscopia, una mayoría, el 53%, apoya una ley de plazos como la actual mientras que el 37% prefiere una ley de indicaciones médicas. Ocho. Porque hace la práctica del aborto más segura y equitativa. Facilitar los trámites hace que los abortos se realicen, como ahora sucede, en periodos muy tempranos de la gestación, disminuyendo los riesgos asociados a los abortos tardíos. Facilita también que las mujeres sean tratadas igualitariamente independientemente de la comunidad autónoma donde vivan. Nueve. Porque es una ley eminentemente preventiva. La actual legislación no solo aborda la interrupción voluntaria del embarazo, sino la prevención y educación afectiva y sexual de toda la población, en especial de la población más joven, el mecanismo más eficaz para disminuir el número de abortos. Diez. Porque derogarla supone un retroceso social de décadas. Hoy vivimos mejor porque podemos decidir en lo que concierne a nuestra vida sexual y reproductiva sin que nos persigan. Perder en tres años lo que tardamos 30 en conseguir nos lleva a un pasado de difícil retorno.

Diez razones frente a una. El Partido Popular cuenta, por supuesto, con una mayoría parlamentaria suficiente para aprobar la reforma que desee, se ajuste o no a sus compromisos electorales. Pero también tiene el compromiso social y democrático de gobernar para la mayoría. Sería un buen momento para darse un baño de realidad y favorecer el entendimiento entre los sectores que opinan de distinta manera sin hacérselo pagar a las mujeres que se enfrentan a una interrupción del embarazo y que, con la nueva norma, ganarán sufrimiento y perderán libertad.

No es bueno legislar contra algo que funciona. No es justo desconfiar de la responsabilidad de las mujeres. No es democrático obligar a una mujer a ser madre contra su voluntad. Entonces, ¿por qué castigar a las mujeres? ¿Estamos aún a tiempo de pensar en ellas y dejar las cosas como están?

Por Isabel Serrano Fuster (ginecóloga y portavoz de la ‘Plataforma Decidir Nos Hace Libres’), y María Luisa Soleto Ávila (directora de la Fundación Mujeres)

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